El Consejo de Ministros estudió ayer el anteproyecto de Ley General de Salud Pública, un texto legislativo con el que el Ejecutivo quiere garantizar por ley la equidad y la efectividad del sistema sanitario. Además, la futura ley tiene en cuenta las nuevas realidades, como el creciente envejecimiento de la población o los efectos de la globalización, según destacó la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega.
En la rueda de prensa posterior al Consejo, Fernández de la Vega señaló que la ley pretende garantizar 'la equidad, la efectividad, la transparencia, la calidad y la cohesión de la organización de la salud pública en España', y matizó que el texto reforzará los derechos y establecerá los deberes de los ciudadanos en materia de salud pública.
El texto prevé la creación de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública como coordinadora de los diferentes sistemas autonómicos, así como la Red Estatal de Laboratorios de Salud Pública. El anteproyecto pretende también reforzar la promoción de la salud y la prevención de acuerdo con lo recogido en el artículo 43 de las Constitución (derecho a la protección de la salud) y adaptar la salud pública a los conocimientos científicos actuales. La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, justificó la ley en el hecho de que 'una sociedad saludable favorece enormemente el desarrollo económico y social'. Explicó que se trata de un nuevo instrumento normativo que obligará a todos los ministerios a que hagan de la salud un eje transversal de todas sus políticas.
El texto prevé la creación de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública como coordinadora de los diferentes sistemas autonómicos, así como la Red Estatal de Laboratorios de Salud Pública. El anteproyecto pretende también reforzar la promoción de la salud y la prevención de acuerdo con lo recogido en el artículo 43 de las Constitución (derecho a la protección de la salud) y adaptar la salud pública a los conocimientos científicos actuales. La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, justificó la ley en el hecho de que 'una sociedad saludable favorece enormemente el desarrollo económico y social'. Explicó que se trata de un nuevo instrumento normativo que obligará a todos los ministerios a que hagan de la salud un eje transversal de todas sus políticas.
