Durante su comparecencia ante la comisión de investigación sobre las ayudas a los cursos de formación en el Parlamento andaluz, defendió que se gestionaron mediante un "proceso reglado y garantista"
El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha defendido que en el tema de las ayudas a la formación para el empleo, la administración andaluza ha actuado "de acuerdo con la legalidad" y ha añadido que las "deficiencias" que hubieran podido producirse "no han sido de la administración sino, en todo caso, contra ella".
Durante su comparecencia ante la comisión de investigación sobre las ayudas a los cursos de formación en el Parlamento andaluz, que ha tenido una duración de dos horas y media y que se ha celebrado con posterioridad a la del expresidente de la Junta Manuel Chaves, Griñán ha defendido que esas ayudas se gestionaron mediante un "proceso reglado y garantista".
Griñán ha comenzado su intervención asegurando que para él supone "un honor" comparecer ante la comisión de investigación al considerar que está "cumpliendo un deber" por sus muchos años como miembro del Gobierno andaluz. "Es la contrapartida del derecho que tienen los ciudadanos a controlar al poder ejecutivo", ha dicho el socialista, que ha recordado que, tras 45 años de "servicio público", es pensionista desde hace más de uno.
Ha explicado que la "primera alerta" que se tuvo sobre posibles irregularidades en los fondos de formación fue en relación a las ayudas concedidas al sindicato UGT. "Previamente a ésta no hay alertas suficientes para inducir un procedimiento de actuación por parte de la Junta", ha explicado el expresidente, antes de mantener un tenso debate con la diputada del PP-A Teresa Ruiz-Sillero.
La `popular` dedicado buena parte de su intervención a realizarle preguntas sobre los que ha calificado como "los dos delfines y puntos débiles" de Griñán, la hoy presidenta de la Junta, Susana Díaz, y quien fuera diputado y vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco, que abandonó ambos cargos tras publicarse informaciones sobre ayudas a la formación recibidas por la empresa de su mujer, investigadas actualmente por la Justicia.
Griñán, que ha asegurado que Díaz y Velasco no son sus puntos débiles sino "fuertes", rehusaba en principio la petición de la diputada del PP-A de valorar las palabras "textuales" de la presidenta de la Junta en octubre de 2015 cuando decidió paralizar las ayudas a la formación. Ruiz-Sillero se las leía y aseguraba que, en su opinión, Díaz planteaba "dudas" sobre su gestión y la de Chaves, poniéndolas "en entredicho".
A este respecto, Griñán pedía a la `popular` que no interpretara las palabras de la presidenta y que aprovechara que mañana comparecerá ante esta comisión para preguntarle. Seguidamente y ante la insistencia de la diputada del PP-A, ha afirmado que no interpreta que Díaz ponga en cuestión su gestión y que la presidenta ha actuado en esta materia de manera "responsable".
Sobre la dimisión de Velasco, ha dicho que se debió a una decisión personal cuyos motivos no va a desvelar porque corresponden al ámbito familiar y que las ayudas que recibió la empresa de su mujer fueron "correctas, fiscalizadas y legales". Si bien, la diputada del PP-A le ha mostrado distintos documentos del expediente de las subvenciones a le empresa Aulacen Cinco y ha indicado que la mujer de Velasco cargó la luz del domicilio familiar a un curso de formación que la Junta le concedió a su academia.
Ruiz-Sillero se ha referido a las nóminas de la mujer, el hermano y la cuñada de Velasco, --entre los 4.500 y los 9.500 euros-- y ha asegurado que quien fuera "mano derecha" de Griñán se ha dedicado a "ganar dinero" con la formación. "¿No cree que deberían revisarse todas las ayudas a Aulacen Cinco?", ha preguntado la `popular` a Griñán, que ha respondido que eso deberá determinarlo la comisión.
En su opinión, dichas acusaciones no están "contrastadas", pero si lo estuvieran "sí que habría que revisar todas esas ayudas". "Y así se hará, nosotros no rompemos ordenadores a martillazos", ha señalado Griñán, quien ha insistido en que no ha tenido conocimiento de los hechos que relata la `popular`, ha defendido la presunción de inocencia y ha acusado al PP-A de venir a esta comisión a "prejuzgar", con unas conclusiones ya escritas.
CHAVES NIEGA "ALERTAS" DURANTE SU MANDATO
El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha admitido que durante los casi veinte años que estuvo al frente del Gobierno andaluz pudo haber alguna irregularidad en la gestión de las ayudas a la formación pero no ilegalidad así como ha defendido que en ese periodo "nunca" se produjo "alerta o aviso" dentro de la administración sobre ningún tipo de "deficiencia o irregularidad" y que "nunca", a lo largo de su ejercicio como presidente andaluz, firmó "ninguna decisión ilegal".
Así lo ha dicho el exdirigente andaluz socialista en su comparecencia ante la comisión de investigación sobre las ayudas a los cursos de formación, que ha durado unas dos horas y media, y cuando ha señalado que tampoco dio "nunca" "recomendaciones o instrucciones" para que se alterasen los principios relativos a una gestión y ejecución legal de las ayudas.
"Todas las decisiones que se adoptaron en el Consejo de Gobierno fueron legales, con los trámites y requisitos exigidos por la ley", ha incidido antes de recalcar que "creo que durante mi mandato no se produjo ninguna alerta dentro de la administración, creo que ni siquiera fuera, sobre cualquier deficiencia o irregularidad".
Antes de que los portavoces de los partidos políticos comenzasen a formular sus preguntas, Chaves se ha mostrado "convencido" de que la administración laboral de la Junta que gestionó y ejecutó las políticas activas de empleo y la formación profesional lo hizo en el marco de "la más estricta legalidad".
En ese sentido, ha aclarado que se refería "no solo a los funcionarios de la administración laboral de la Junta" sino también "a todos los cargos directivos, cualquiera que fuera su nivel", de las estructuras y organismos que gestionaban la formación profesional.
Además, ha advertido de que, pese a las "dificultades" que conlleva la puesta en marcha y desarrollo de cualquier nueva política, como era en aquel momento las políticas activas de empleo, la gestión y ejecución de éstas y de la formación profesional fue "positiva, razonable, útil y eficaz" para la creación de empleo en Andalucía y para formar a trabajadores en campos en los que había más deficiencias de recursos humanos.
"EN LA ADMINISTRACIÓN SE HA ACTUADO LEGALMENTE"
Chaves ha indicado que durante su mandato la gestión que se hizo de la formación fue una ejecución "razonablemente buena" aunque ha señalado que "seguramente hubo alguna irregularidad, es posible, no lo sé, pero no creo que hubiera ninguna ilegalidad ni ningún tipo de fraude en el seno de la administración", ha abundado antes de defender que, en cualquier caso, "el acto ilícito es por parte de quien ha cobrado ilícitamente, no de la administración". "Lo importante es si dentro de la administración se ha actuado legalmente que yo creo que sí", ha apostillado.
Así, ha defendido que las políticas de empleo buscaban diversificar la economía andaluza y fueron "eficaces" en la creación de empleo y así lo reflejaron los datos de empleo del 2007 o del 2008 que fueron aumentando hasta 2009, cuando por la crisis "se tiraron por tierra todas las expectativas y previsiones". "No voy a ser presuntuoso, no todo era consecuencia de las políticas de empleo, también se debió a la buena coyuntura económica, a la buena interrelación de las políticas económicas del Gobierno central, la UE y la Junta", ha apuntado.
De otro lado, el expresidente ha dicho que tenía "plena confianza" en los exconsejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera, responsables del ramo durante su mandato.
