El Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalitat elaboró un informe que contempla cinco vías para convocar 'con toda legitimidad jurídica' la consulta soberanista en Cataluña, de entre las que recomienda un referendo autorizado por el Estado porque 'suscitaría menos problemas de constitucionalidad'.
En un documento de 43 páginas, el IEA concluye que existen suficientes mecanismos legales para hacer una consulta 'siempre que el Estado tenga voluntad política de canalizar esa reivindicación'.
La opción preferida por los expertos firmantes del documento es el referendo regulado y autorizado por el Estado en virtud de lo que dispone el artículo 92.1 de la Constitución, pero si el Gobierno se negase a autorizarlo, la Generalitat, que preside Artur Mas, tendría legitimidad para optar por vías 'alternativas', como una 'declaración unilateral de independencia', según el documento.
El texto, cita antes de llegar a este extremo otros cuatro mecanismos posibles para ejercer el derecho a decidir: la actual ley catalana 4/2010 de consultas populares por vía referéndum, la nueva normativa de consultas no refrendatarias que actualmente se tramita en el Parlament, los referendos consultivos previstos en la Constitución Española y la reforma de la Carta Magna. Entre las alternativas que enumera el IEA figuran consultas 'no oficiales', es decir, organizadas en el marco de la legalidad internacional y admite que ejercer la consulta en base a la legislación catalana, también funcionaría, aunque faltaría la negociación posterior con el Gobierno a partir del resultado de la consulta.
La opción preferida por los expertos firmantes del documento es el referendo regulado y autorizado por el Estado en virtud de lo que dispone el artículo 92.1 de la Constitución, pero si el Gobierno se negase a autorizarlo, la Generalitat, que preside Artur Mas, tendría legitimidad para optar por vías 'alternativas', como una 'declaración unilateral de independencia', según el documento.
El texto, cita antes de llegar a este extremo otros cuatro mecanismos posibles para ejercer el derecho a decidir: la actual ley catalana 4/2010 de consultas populares por vía referéndum, la nueva normativa de consultas no refrendatarias que actualmente se tramita en el Parlament, los referendos consultivos previstos en la Constitución Española y la reforma de la Carta Magna. Entre las alternativas que enumera el IEA figuran consultas 'no oficiales', es decir, organizadas en el marco de la legalidad internacional y admite que ejercer la consulta en base a la legislación catalana, también funcionaría, aunque faltaría la negociación posterior con el Gobierno a partir del resultado de la consulta.
