El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y la Fiscalía del alto tribunal mostraron ayer sus dudas sobre la constitucionalidad de la reforma de la justicia universal, mientras que el PSOE exigió al PP que respete las decisiones de los magistrados en la aplicación de la norma.
Andreu es el primer magistrado de la Audiencia que pidió a la Fiscalía y a las partes personadas que se pronuncien sobre si cabe plantear una cuestión de inconstitucionalidad por la reforma en las casos que tramita su juzgado, el genocidio en Ruanda y el ataque al campo de refugiados de Ashraf. El magistrado es el último de los seis jueces centrales de instrucción de la Audiencia que se dirige a las partes, entre ellas la Fiscalía, para que informen sobre los efectos en las causas que tramitan de la reforma de la justicia universal.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya se pronunció sobre este asunto y pidió al juez Santiago Pedraz que anule el auto por el que rechazó archivar el caso Couso, porque de lo contrario está impidiendo a las partes plantear cuestión de inconstitucionalidad. El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, solicitó al magistrado en su recurso al auto dictado el pasado lunes en el caso Couso, la muerte del cámara en Irak en 2003, que proceda de manera "urgente" a la conclusión del sumario para que eleve las actuaciones a la Sala de lo Penal.
La fiscalía ya manifestó su discrepancia con la reforma y apuntó la posibilidad de plantear cuestión de inconstitucionalidad por estos casos en la queja que remitió al fiscal general del Estado, al entender que limita la investigación de delitos, lo que podría ser "en cierta medida" inconstitucional.
