Casi un 60 por ciento de los españoles piensa que la situación del terrorismo etarra ha empeorado en el último año y, además, se muestran pesimistas respecto a las expectativas de alcanzar el final de la violencia terrorista. Sin embargo, sólo un tercio de los ciudadanos creen que la banda está hoy más fuerte que hace dos años.
Estos datos se reflejan en la IV Encuesta nacional sobre 'percepción ciudadana sobre el terrorismo y sus víctimas', elaborada por el 'Euskobarómetro' para la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Este muestreo, realizado durante la segunda quincena del mes de septiembre, acusa además al Gobierno de haber sido poco o nada transparente a la hora de explicar las líneas maestras del proceso de paz (66 por ciento).
A la visión pesimista que la ciudadanía tiene sobre el final del terrorismo se suma su poca esperanza en la voluntad de ETA de poner fin a los actos violentos. El 85 por ciento de los encuestados creen que la banda tiene poca o ninguna voluntad de acabar con la violencia. Este porcentaje se eleva hasta el 90 por ciento si los ciudadanos son preguntados por la voluntad de la izquierda abertzale para integrarse en el sistema y aceptar las reglas del juego democrático.
En este sentido, la inmensa mayoría (88 por ciento) exige a Batasuna la condena de la violencia para su legalización y el 52 por ciento cree que todas las candidaturas de Acción Nacionalista Vasca (ANV) deberían haber sido ilegalizadas. Sin embargo, más del 40 por ciento de los encuestados rechazan las acusaciones al Gobierno de falta de transparencia en el proceso de ilegalización, afirmación que si apoyan el 39 por ciento de los consultados.
NECESIDAD DE ACUERDO PSOE-PP
Para afrontar esta situación, cuatro de cada cinco ciudadanos consideran imprescindible un acuerdo entre PSOE y PP, aunque un 63 por ciento reconoce que es improbable que este acercamiento entre los dos principales partidos se produzca. A la hora de valorar la vigencia del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, un 39 por ciento cree que debe darse por muerto mientras que la mitad de la población mantiene su vigencia.
Respecto a la situación de los presos etarras, la mayoría de la población aceptaría que se les concediesen medidas de reinserción a aquellos que se arrepientan y expresen su decisión de abandonar las armas. Frente a ellos, un 44 por ciento de los encuestados se muestran inflexibles y creen que todos los terroristas deberían cumplir íntegramente sus penas hayan cometido o no delitos de sangre.
Según los datos obtenidos por la Fundación, la mayoría de la ciudadanía valora la atención de la sociedad española a las víctimas del terrorismo, aunque el porcentaje desciende cuando se refiere a la solidaridad prestada por la sociedad vasca. Además, casi el 70 por ciento cree que la atención y reconocimiento hacia las víctimas en el último año continúa igual, mientras que el 17 por ciento considera que ha evolucionado a mejor y el 9 por ciento a peor.
PNV TIENE POCO EN CUENTA A LAS VÍCTIMAS
Así, el 64 por ciento piensa que el PNV tiene en cuenta 'poco o nada' el sufrimiento de las víctimas, porcentaje que se eleva hasta casi el 70 por ciento al ser preguntados por Eusko Alkatasuna. A la hora de poner nota a la actitud de diferentes organismos, los encuestados sitúan por encima de 5 la atención a las víctimas prestada por los medios de comunicación, el Gobierno socialista, el anterior Ejecutivo 'popular' y el PSOE y el PP. Sin embargo, rozan el aprobado IU y el Gobierno navarro y suspenden claramente el PNV, el Ejecutivo vasco y, en último lugar, la Iglesia vasca.
La encuesta también aborda el tema de las asociaciones de víctimas, respecto a las que casi la mitad de los encuestados rechaza limitar su carácter político. Sin embargo, sí que hay prácticamente unanimidad (83 por ciento) en considerar que no se debe mezclar el carácter político de las víctimas con intereses partidistas. Además, el 96 por ciento apoya el derecho de las víctimas a ser escuchadas en sus reclamaciones de justicia, dignidad y memoria.
A juicio de los encuestados (70 por ciento), las víctimas del terrorismo etarra tienen derecho a reclamar que la sociedad no apruebe medidas de impunidad para los terroristas. Además, el 80 por ciento considera positivas las manifestaciones para reivindicar la memoria, la justicia y la dignidad de las víctimas.
VENTAJA DE LAS DISCREPANCIAS
La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, argumentó que este tipo de encuestas 'ayudan a entender' la percepción que tiene la sociedad de determinados aspectos relacionados con el terrorismo y a advertir las 'fortalezas y debilidades' que se presentan 'a la hora de alcanzar consensos'. Según defendió, los terroristas saben que 'pueden alcanzar alguna ventaja de las profundas discrepancias'.
Pagazaurtundua defendió que 'sí hay una hoja de ruta' para el final del terrorismo, que se basa en 'la búsqueda de consensos' entre las fuerzas políticas. Así, destacó los principios de justicia, no impunidad y transparencia. 'La articulación no puede ser secreta, clandestina, los ciudadanos necesitan saber para poder valorar', subrayó para indicar a continuación que los aspectos en los que la ciudadanía coincide con aquellas cosas que 'tienen que ver con el sentido común democrático'.
La presidenta de la Fundación también se refirió a la percepción de la sociedad sobre el papel de la Iglesia vasca, un suspenso que compartió debido a que 'personas inocentes no han sido defendidas por una institución cuya bandera es la ética y la moral'. Así, censuró opiniones como la del obispo ecuménico de San Sebastián, José María Setién, que, a su juicio, 'muestran una identidad de fondo con algo muy perverso'. Para ella, la 'equidistancia entre asesinos y asesinados' es 'aparentemente muy humanitario pero profundamente injusto'.
A la visión pesimista que la ciudadanía tiene sobre el final del terrorismo se suma su poca esperanza en la voluntad de ETA de poner fin a los actos violentos. El 85 por ciento de los encuestados creen que la banda tiene poca o ninguna voluntad de acabar con la violencia. Este porcentaje se eleva hasta el 90 por ciento si los ciudadanos son preguntados por la voluntad de la izquierda abertzale para integrarse en el sistema y aceptar las reglas del juego democrático.
En este sentido, la inmensa mayoría (88 por ciento) exige a Batasuna la condena de la violencia para su legalización y el 52 por ciento cree que todas las candidaturas de Acción Nacionalista Vasca (ANV) deberían haber sido ilegalizadas. Sin embargo, más del 40 por ciento de los encuestados rechazan las acusaciones al Gobierno de falta de transparencia en el proceso de ilegalización, afirmación que si apoyan el 39 por ciento de los consultados.
NECESIDAD DE ACUERDO PSOE-PP
Para afrontar esta situación, cuatro de cada cinco ciudadanos consideran imprescindible un acuerdo entre PSOE y PP, aunque un 63 por ciento reconoce que es improbable que este acercamiento entre los dos principales partidos se produzca. A la hora de valorar la vigencia del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, un 39 por ciento cree que debe darse por muerto mientras que la mitad de la población mantiene su vigencia.
Respecto a la situación de los presos etarras, la mayoría de la población aceptaría que se les concediesen medidas de reinserción a aquellos que se arrepientan y expresen su decisión de abandonar las armas. Frente a ellos, un 44 por ciento de los encuestados se muestran inflexibles y creen que todos los terroristas deberían cumplir íntegramente sus penas hayan cometido o no delitos de sangre.
Según los datos obtenidos por la Fundación, la mayoría de la ciudadanía valora la atención de la sociedad española a las víctimas del terrorismo, aunque el porcentaje desciende cuando se refiere a la solidaridad prestada por la sociedad vasca. Además, casi el 70 por ciento cree que la atención y reconocimiento hacia las víctimas en el último año continúa igual, mientras que el 17 por ciento considera que ha evolucionado a mejor y el 9 por ciento a peor.
PNV TIENE POCO EN CUENTA A LAS VÍCTIMAS
Así, el 64 por ciento piensa que el PNV tiene en cuenta 'poco o nada' el sufrimiento de las víctimas, porcentaje que se eleva hasta casi el 70 por ciento al ser preguntados por Eusko Alkatasuna. A la hora de poner nota a la actitud de diferentes organismos, los encuestados sitúan por encima de 5 la atención a las víctimas prestada por los medios de comunicación, el Gobierno socialista, el anterior Ejecutivo 'popular' y el PSOE y el PP. Sin embargo, rozan el aprobado IU y el Gobierno navarro y suspenden claramente el PNV, el Ejecutivo vasco y, en último lugar, la Iglesia vasca.
La encuesta también aborda el tema de las asociaciones de víctimas, respecto a las que casi la mitad de los encuestados rechaza limitar su carácter político. Sin embargo, sí que hay prácticamente unanimidad (83 por ciento) en considerar que no se debe mezclar el carácter político de las víctimas con intereses partidistas. Además, el 96 por ciento apoya el derecho de las víctimas a ser escuchadas en sus reclamaciones de justicia, dignidad y memoria.
A juicio de los encuestados (70 por ciento), las víctimas del terrorismo etarra tienen derecho a reclamar que la sociedad no apruebe medidas de impunidad para los terroristas. Además, el 80 por ciento considera positivas las manifestaciones para reivindicar la memoria, la justicia y la dignidad de las víctimas.
VENTAJA DE LAS DISCREPANCIAS
La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, argumentó que este tipo de encuestas 'ayudan a entender' la percepción que tiene la sociedad de determinados aspectos relacionados con el terrorismo y a advertir las 'fortalezas y debilidades' que se presentan 'a la hora de alcanzar consensos'. Según defendió, los terroristas saben que 'pueden alcanzar alguna ventaja de las profundas discrepancias'.
Pagazaurtundua defendió que 'sí hay una hoja de ruta' para el final del terrorismo, que se basa en 'la búsqueda de consensos' entre las fuerzas políticas. Así, destacó los principios de justicia, no impunidad y transparencia. 'La articulación no puede ser secreta, clandestina, los ciudadanos necesitan saber para poder valorar', subrayó para indicar a continuación que los aspectos en los que la ciudadanía coincide con aquellas cosas que 'tienen que ver con el sentido común democrático'.
La presidenta de la Fundación también se refirió a la percepción de la sociedad sobre el papel de la Iglesia vasca, un suspenso que compartió debido a que 'personas inocentes no han sido defendidas por una institución cuya bandera es la ética y la moral'. Así, censuró opiniones como la del obispo ecuménico de San Sebastián, José María Setién, que, a su juicio, 'muestran una identidad de fondo con algo muy perverso'. Para ella, la 'equidistancia entre asesinos y asesinados' es 'aparentemente muy humanitario pero profundamente injusto'.
