El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investiga la implicación de la red de blanqueo de capitales supuestamente liderada por el empresario chino Gao Ping en delitos de inmigración ilegal, matrimonios concertados entre chinos y españoles, extorsión, prostitución y hasta juego ilegal.
Así se desprende de algunos autos dictados por Andreu respecto a varios de los detenidos que por el momento prestaron declaración en sede judicial, y en los que se hace hincapié en los métodos de la organización desmantelada en la 'operación Emperador' para blanquear dinero.
En concreto, el juez destaca que el dinero que la red sacaba físicamente de España procedería principalmente del contrabando y el fraude fiscal, si bien en menor medida también tendría su origen en actividades de crimen organizado vinculadas con delitos contra la propiedad industrial e intelectual y tráfico de seres humanos y de estupefacientes. Los envíos de dinero en efectivo se producirían cada mes o cada mes y medio, y en cada ocasión las cantidades oscilaban entre los cuatro y cinco millones de euros.
También se investigan delitos de inmigración ilegal a través de matrimonios concertados entre chinos y españoles con el fin de conseguir permisos de residencia, así como fraudes a la Seguridad Social para obtener de forma fraudulenta la cobertura sanitaria.
En estas actividades estaría implicada una gestoría de la calle Gran Vía de Madrid, en la que se cobraba a ciudadanos chinos sumas de entre 16.000 y 18.000 euros para regularizar su situación o se les ofrecía la posibilidad de trabajar gratis entre dos y tres años en los negocios que la red tiene en España para resarcir sus deudas.
En concreto, el juez destaca que el dinero que la red sacaba físicamente de España procedería principalmente del contrabando y el fraude fiscal, si bien en menor medida también tendría su origen en actividades de crimen organizado vinculadas con delitos contra la propiedad industrial e intelectual y tráfico de seres humanos y de estupefacientes. Los envíos de dinero en efectivo se producirían cada mes o cada mes y medio, y en cada ocasión las cantidades oscilaban entre los cuatro y cinco millones de euros.
También se investigan delitos de inmigración ilegal a través de matrimonios concertados entre chinos y españoles con el fin de conseguir permisos de residencia, así como fraudes a la Seguridad Social para obtener de forma fraudulenta la cobertura sanitaria.
En estas actividades estaría implicada una gestoría de la calle Gran Vía de Madrid, en la que se cobraba a ciudadanos chinos sumas de entre 16.000 y 18.000 euros para regularizar su situación o se les ofrecía la posibilidad de trabajar gratis entre dos y tres años en los negocios que la red tiene en España para resarcir sus deudas.
