El presidente de la Audiencia Nacional Ángel Juanes, envió ayer una carta al presidente del Gobierno Mariano Rajoy, en la que muestra la preocupación de los jueces y fiscales de este órgano judicial por su seguridad, tras anunciarse la retirada de la mayor parte de los escoltas que hasta el momento les protegían, según fuentes judiciales.
En ella, realiza una exposición razonada 'de la problemática suscitada por la retirada integral de los escoltas' y explica también la 'especificidad' de la Audiencia Nacional como tribunal especializado en terrorismo y crimen organizado y corrupción y plantea, 'con espíritu constructivo' que se valore esta situación, que conlleva una retirada 'integral' de la protección.
El Ministerio del Interior retiró todos los escoltas que tenían los jueces y fiscales del Tribunal Supremo, el Tribunal Consitucional y la Audiencia Nacional y los vocales del Consejo General del Poder Judicial, a excepción de los cargos más sensibles de la judicatura, entre los que se encuentra el todavía presidente del Supremo y el órgano de gobierno de los jueces Carlos Dívar. Esta decisión se enmarca dentro del plan previsto por Interior para reducir la plantilla de escoltas que llegó a prestar protección a 1.700 personas generando un gasto de 160 millones de euros anuales a las arcas del Estado.
En el caso concreto de la Audiencia la medida, que afecta a unos 250 agentes, entrará en vigor a partir de hoy. Los únicos que conservarán la escolta en la Audiencia, son su presidente Ángel Juanes; el presidente de la Sala de lo Penal Fernando Grande-Marlaska; el fiscal-jefe Javier Zaragoza; el teniente fiscal Fernando Burgos y el juez central de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro. De esta forma, quedarán sin escolta los jueces de la Sala de lo Penal, que se encargan de los juicios por estos delitos y los seis magistrados centrales que llevan a cabo la labor de investigación de los procedimientos penales.
El Ministerio del Interior retiró todos los escoltas que tenían los jueces y fiscales del Tribunal Supremo, el Tribunal Consitucional y la Audiencia Nacional y los vocales del Consejo General del Poder Judicial, a excepción de los cargos más sensibles de la judicatura, entre los que se encuentra el todavía presidente del Supremo y el órgano de gobierno de los jueces Carlos Dívar. Esta decisión se enmarca dentro del plan previsto por Interior para reducir la plantilla de escoltas que llegó a prestar protección a 1.700 personas generando un gasto de 160 millones de euros anuales a las arcas del Estado.
En el caso concreto de la Audiencia la medida, que afecta a unos 250 agentes, entrará en vigor a partir de hoy. Los únicos que conservarán la escolta en la Audiencia, son su presidente Ángel Juanes; el presidente de la Sala de lo Penal Fernando Grande-Marlaska; el fiscal-jefe Javier Zaragoza; el teniente fiscal Fernando Burgos y el juez central de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro. De esta forma, quedarán sin escolta los jueces de la Sala de lo Penal, que se encargan de los juicios por estos delitos y los seis magistrados centrales que llevan a cabo la labor de investigación de los procedimientos penales.
