El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, aseguró que algunas de las tasas judiciales, sobre todo en el sistema de recursos, le parecen 'excesivas'.
En una entrevista, Torres-Dulce señaló que le gustaría que la ley de tasas judiciales, que comenzó a aplicarse ayer, pasara a informe de la Fiscalía y del Consejo Fiscal para dar su opinión sobre esta norma, como lo hicieron el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), porque dijo, 'nos afecta a todos'.
Asimismo, aventuró que, 'en algún caso, las tasas pueden ser excesivas y dificultar el acceso a la justicia', al tiempo que estimó que habrá cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por los jueces porque algunas de estas tasas desbordan la posición fijada por la sentencia del Constitucional de 2002. No obstante, el fiscal se mostró partidario de la existencia de tasas judiciales con el objetivo de recaudar dinero para que el servicio público de la Administración de Justicia tenga una vía propia para hacer frente a sus necesidades.
En la misma línea, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, se mostró a favor de las nuevas tasas judiciales, aunque matizó que 'algunas cuantías' deberían ser objeto de revisión para ajustarlas 'a la realidad social, ya que están un poco desfasadas'.
Aunque De Rosa no quiso detallar cuáles, sí apuntó que quizá habría que revisar la cuantía en algún tipo de recurso, sobre todo cuando se acuda al Tribunal Supremo.
En este punto, De Rosa puso de relieve que junto con las tasas de Gallardón debería potenciarse al mismo tiempo figuras judiciales como la de la mediación, con el fin de que los ciudadanos puedan utilizar este mecanismo para evitar acudir a los tribunales.
Por su parte, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, cree que la imposición de tasas es un 'absoluto fracaso de todo el sistema' en la medida que impide que la ciudadanía pueda ejercer unos derechos fundamentales, no solo de tutela jurídica efectiva o de derecho a un proceso con todas las garantías, 'que desaparece con las tasas' sino también el de la igualdad.
Asimismo, aventuró que, 'en algún caso, las tasas pueden ser excesivas y dificultar el acceso a la justicia', al tiempo que estimó que habrá cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por los jueces porque algunas de estas tasas desbordan la posición fijada por la sentencia del Constitucional de 2002. No obstante, el fiscal se mostró partidario de la existencia de tasas judiciales con el objetivo de recaudar dinero para que el servicio público de la Administración de Justicia tenga una vía propia para hacer frente a sus necesidades.
En la misma línea, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, se mostró a favor de las nuevas tasas judiciales, aunque matizó que 'algunas cuantías' deberían ser objeto de revisión para ajustarlas 'a la realidad social, ya que están un poco desfasadas'.
Aunque De Rosa no quiso detallar cuáles, sí apuntó que quizá habría que revisar la cuantía en algún tipo de recurso, sobre todo cuando se acuda al Tribunal Supremo.
En este punto, De Rosa puso de relieve que junto con las tasas de Gallardón debería potenciarse al mismo tiempo figuras judiciales como la de la mediación, con el fin de que los ciudadanos puedan utilizar este mecanismo para evitar acudir a los tribunales.
Por su parte, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, cree que la imposición de tasas es un 'absoluto fracaso de todo el sistema' en la medida que impide que la ciudadanía pueda ejercer unos derechos fundamentales, no solo de tutela jurídica efectiva o de derecho a un proceso con todas las garantías, 'que desaparece con las tasas' sino también el de la igualdad.
