El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, cree que no debe 'criminalizarse' cualquier acto de reunión o manifestación en el que haya críticas, 'incluso de libertad de expresión', como los escraches, pero advirtió también de que en la Fiscalía no van a ser 'insensibles' ni van a quedarse 'pasivos' ante 'cualquier desbordamiento' de esos derechos.
Así lo señaló ayer en Santander, donde indicó que en la Fiscalía están siendo 'muy vigilantes' para establecer un criterio de 'proporcionalidad' entre los derechos de reunión y manifestación -que 'forman parte importante de la vida democrática de un país'- y el respecto a derechos individuales como la intimidad, privacidad y la propia imagen.
'Ni debe criminalizarse cualquier momento de reunión o de manifestación en el que se establezcan críticas, incluso de libertad de expresión, pero tampoco vamos a ser insensibles ni vamos a quedarnos pasivos ante cualquier desbordamiento de esos derechos, que no son en modo alguno absolutos', sentenció Torres-Dulce, que precisó que estos últimos 'no tienen mayor ni menor preferencia que los derechos fundamentales individuales, que son tan importantes para la convivencia como lo son los derechos de manifestación y reunión'.
TRASCENDENCIA PENAL
En declaraciones antes de participar en la entrega de los Premios Europeos a la Seguridad en Construcción, el fiscal general indicó que la Fiscalía va a analizar los escraches 'solo cuando tengan trascendencia penal' y lo hará, apuntó, con 'absoluta imparcialidad' y carácter 'individualizado', y teniendo en cuenta además la 'proporcionalidad necesaria' entre los derechos individuales y los derechos a reunirse y manifestarse.
'Somos sensibles al respeto de derechos tan importantes para la convivencia democrática como expresiones de crítica política, derechos de reunión y manifestación, como a los derechos individuales, que forman parte de la convivencia ciudadana, que tienen sus límites en el Código Penal y que deben ser respetados por todos'.
Tras señalar que las decisiones para el mantenimiento del orden público corresponde a Interior y a las policías autonómicas y locales, Torres-Dulce se mostró respetuoso con las decisiones que adopten estos organismos al respecto.
A este respecto y tras tomar la decisión de sancionar hasta con 1.500 euros a los activistas que 'acosen' a políticos, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, aseguró ayer que abrió veintiséis expedientes sancionadores 'por incumplir las leyes que se aplican siempre que hay concentraciones no comunicadas, no por participar en escraches'.
'Ni debe criminalizarse cualquier momento de reunión o de manifestación en el que se establezcan críticas, incluso de libertad de expresión, pero tampoco vamos a ser insensibles ni vamos a quedarnos pasivos ante cualquier desbordamiento de esos derechos, que no son en modo alguno absolutos', sentenció Torres-Dulce, que precisó que estos últimos 'no tienen mayor ni menor preferencia que los derechos fundamentales individuales, que son tan importantes para la convivencia como lo son los derechos de manifestación y reunión'.
TRASCENDENCIA PENAL
En declaraciones antes de participar en la entrega de los Premios Europeos a la Seguridad en Construcción, el fiscal general indicó que la Fiscalía va a analizar los escraches 'solo cuando tengan trascendencia penal' y lo hará, apuntó, con 'absoluta imparcialidad' y carácter 'individualizado', y teniendo en cuenta además la 'proporcionalidad necesaria' entre los derechos individuales y los derechos a reunirse y manifestarse.
'Somos sensibles al respeto de derechos tan importantes para la convivencia democrática como expresiones de crítica política, derechos de reunión y manifestación, como a los derechos individuales, que forman parte de la convivencia ciudadana, que tienen sus límites en el Código Penal y que deben ser respetados por todos'.
Tras señalar que las decisiones para el mantenimiento del orden público corresponde a Interior y a las policías autonómicas y locales, Torres-Dulce se mostró respetuoso con las decisiones que adopten estos organismos al respecto.
A este respecto y tras tomar la decisión de sancionar hasta con 1.500 euros a los activistas que 'acosen' a políticos, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, aseguró ayer que abrió veintiséis expedientes sancionadores 'por incumplir las leyes que se aplican siempre que hay concentraciones no comunicadas, no por participar en escraches'.
