Muestra un saldo fiscal desfavorable para Cataluña que fija su déficit entre el 5 y el 7% de su PIB
IMPACTO FISCAL DE LOS POSIBLES CAMBIOS EN EL MODELO DE ORDENACIÓN TERRITORIAL
Un estudio de Lago Peñas y Fernández Leiceaga, en el marco del Foro Ecónomico de Galicia publicado hace un año acerca del impacto fiscal de los cambios en el modelo territorial del Estado con especial atención a la Comunidad Gallega en base a las cuentas públicas españolas del ejercicio 2011, muestra un saldo fiscal positivo en el caso gallego en el orden de un 5 o un 6% del PIB y un saldo fiscal desfavorable para Cataluña que fija su déficit entre el 5 y el 7% de su PIB. En el caso catalán el déficit fiscal se debe en su mayor parte a la aplicación de un sistema fiscal progresivo a una base de mayor renta por habitante; en el gallego debido a las cuentas de la Seguridad Social por una población envejecida; el resto por la progresividad del sistema fiscal, por la que cada gallego abona por los diferentes componentes del sistema impositivo, una cantidad inferior al resto en 600 euros anuales.
El estudio ahonda en los tres grandes componentes que explican la diferencia impositiva: en base a unos impuestos directos, singularmente al IRPF, por la menor renta media y el efecto de la progresividad; por la vía de las cotizaciones sociales debido al menor salario medio de los gallegos y una tasa de ocupación más reducida; y por unos impuestos municipales bajos como resultado de las opciones políticas aplicadas por los gobiernos de ámbito local. Mientras, la imposición indirecta produce una igualdad sustancial. Los ciudadanos gallegos contribuimos en definitiva menos y absorbemos más gasto público que la media del pais. Los dos profesores han calculado que la pérdida de recursos públicos en Galicia de ser Cataluña independiente, supodría según los datos publicados alrededor de 1.000 millones de euros anuales.
UN PACTO FISCAL CON AMPLIO CONSENSO
Lo de la independencia de Cataluña que sigue como el anuncio del conejito hasta la fecha fijada por las dos fuerzas más relevantes de esa Comunidad para hacer la consulta, en marzo del año 2017, supondrá en caso afirmativo, el primer paso para una cadena de fragmentaciones sucesivas que no viene nada bien para la recuperación de la economía del país. Pero si alguien en su casa tiene una porción de gente que quiere ir, habrá que dejarlos marchar, porque retenerla es algo similar a un secuestro.
Y sí, el argumento favorable a un referéndum para sondear la posible independencia de Cataluña es la voluntad popular, lo cual es légitimo e incontestable, este debate abre, durante el período, opciones alternativas al modelo territorial heredado de la vieja transición política del pasado siglo. Y la verdad es que por ahí adelante hay además un montón de gente, que está convencida de que si va por su cuenta les irá mejor.
Lo visualizan en terminos de dividendo fiscal, pese a que el rédito dé a la par mayores gastos en un cambio político que duplicará algunas estructuras institucionales, como puedan ser las de representación exterior o de defensa, además de una plaga de incógnitas e incertidumbre sobre lo que pasaría en cuanto a cuál sería su relación con la Unión Europea; o qué harían sus empresas para atender el mercado peninsular. Respecto al resto del pais no le quedará otra que distribuir entre menos contribuyentes un mismo gasto.
Si hace no mucho tiempo se asociaba, produciendo sentimientos enfrentados, a quien ve con buenos ojos la independencia de la comunidad histórica con un radicalismo extremo, a medio camino resultan razonables propuestas como las de un Pacto Fiscal que cuenta con un abanico de defensores de una amplia diversidad, desde el actual presidente de la Generalitat de Cataluña a partidos políticos como los socialistas y los populares catalanes y muchas asociaciones de carácter civil.
Y Cataluña es un agente clave en el proceso descentralizador español como garantía de respeto a la diversidad cultural, de la que Galicia es otro ejemplo, aunque más débil.
EL CASO GALLEGO
En el último pleno celebrado en el Parlamento gallego en esta semana se discutió también la tramitación de una proposición de ley para implantar en Galicia un sistema fiscal como el de Euskadi y Navarra a través de un concierto económico que permitiría a la Xunta recaudar todos los impuestos que se pagan en la comunidad. Se trata en definitiva en ambos casos de producir resultados próximos a los del concierto económico vasco o al convenio navarro, una propuesta que servirá como en los otros casos anteriores para reconocer la singularidad nacional de cada comunidad. De una manera u otra está apertura de opciones herirá de muerte al conjunto del modelo territorial español al introducir sea cual sea su fórmula mágica una lógica de territorialización de los recursos contraria a los principios del modelo constitucional vigente
