El que fuera directivo de Aquagest José Luis Míguez, imputado en el caso Pokemon, calificaba como 'puto secretario' al secretario municipal del Ayuntamiento de Santiago porque, junto al interventor, 'nos están parando todo lo que tenemos encauzado' con el gobierno local para ampliar el contrato.
El sumario, al que ha tenido acceso Efe, revela como este delegado empresarial se quejaba del interventor y del 'puto secretario' -que fue apartado de su cargo- al ser los que ponían 'peros', los que 'nos están parando todo lo que tenemos encauzado'.
En la instrucción, se evidencia el interés por destituir a ambos de sus puestos, algo en lo que trabajan el entonces alcalde, Gerardo Conde Roa, que dejó el bastón de mando al ser condenado por fraude fiscal; su asesor, Ángel Espadas, y el propio José Luis Míguez, que está imputado, al igual que las otras dos personas.
En el caso de Espadas, se especifica que son 'innumerables las llamadas' para encontrar personas que sean favorables y que firmen sin problema el informe de intervención y el de contratación que se precisa, 'funcionarios afines que no pongan reparos' con la rúbrica.
La magistrada entiende que hay una 'serie de estratagemas' hasta que se produce la destitución, y este es el motivo por el que aceptó que se persone en la causa el entonces secretario, al considerar que hubo un enredo para lograr el objetivo ansiado contando incluso con el 'beneplácito' de la oposición, puesto que Aquagest contrató a la hija del edil socialista Bernardino Rama.
De Lara estima que el objetivo era conseguir un 'aumento de ingresos de varias personas' dentro de una red en la que Aquagest llega a contratar a Ángel Espadas, cuando abandona el consistorio local, con el objetivo de que sea un 'abrelatas', es decir, de utilizarlo para la obtención de contratos públicos.
Lo contrata, para que no sea tanto descaro, otra empresa, Unika -con la que llegaría a acuerdo Aquagest-, a razón de 3.100 euros netos más comisiones, coche y teléfono.
La Operación Pokemon se puso en marcha en septiembre de 2012 con el fin de investigar la existencia de una supuesta trama para obtener contratos y concesiones públicas a base de sobornos en distintas administraciones gallegas, pero las pesquisas, tras catorce meses de investigación con reserva sobre las actuaciones, han llegado también a Asturias y a Cataluña.
Las investigaciones atañen a tres alcaldes, cinco exalcaldes y concejales y exconcejales de varios partidos, principalmente PP y PSOE, así como a empresarios y a funcionarios.
Ángel Currás, alcalde de Santiago; Xosé López Orozco, regidor de Lugo, y Argimiro Marnotes, de O Carballiño (Ourense) son los tres alcaldes en ejercicio que la jueza considera que tienen algo que ver en esta operación.
Por el camino han dejado su cargo de alcaldes Francisco Rodríguez, Ourense, Adolfo Gacio, Boqueixón (A Coruña), Gerardo Conde Roa, Santiago -en su caso condenado por fraude fiscal-, Robert Fauria, Sant Hilari (Gerona) y Juan Carlos Guerrero, Pravia (Asturias), aunque por hechos cometidos supuestamente en Cangas de Narcea.
