Los cerca de 3.000 chiringuitos construidos en las playas españolas así como miles de viviendas asentadas en suelo de dominio público marítimo terrestre se salvarán de la demolición durante 75 años más, al haberse aprobado ayer en Consejo de Ministros un proyecto de ley que reforma la actual Ley de Costas, y que faculta también a la Xunta para prorrogar la estancia de la factoría de Ence en el municipio pontevedrés de Marín por 75 años.
De los 4.996 kilómetros de longitud del litoral peninsular español, Galicia es la comunidad que más extensión tiene, 1.720 kilómetros; lo que supone casi el 35% del litoral español, descontado el litoral perteneciente a las comunidades autónomas insulares.
La reforma está encaminada a proteger nuestra riqueza medioambiental, librar al litoral de atrocidades urbanísticas y además destacó que la Comisión Europea valoró muy positivamente este nuevo texto. Se estima que hay unas 10.000 viviendas construidas en dominio público, la mayoría con un derecho anterior a la Ley de Costas de 1988. En 2018 expirarían las primeras 1.100 concesiones, lo que obligaría a su demolición si no fuera por esta reforma. La nueva norma, aseguró por su parte el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, beneficia a quienes estaban legítimamente en la costa, pero 'no es una amnistía de situaciones ilegales'.
SEGURIDAD JURÍDICA
El proyecto amplía las concesiones a otros 75 años más a todas aquellas propiedades ya construidas (casas, restaurantes, hoteles...) que se encuentran situadas en suelo de dominio público marítimo terrestre.
Para los chiringuitos de playa desmontables la autorización será de 4 años cuando antes era solo de 1. La anterior ley expropió a todos estos propietarios sus posesiones al fijar unas nuevas lindes; a cambio les otorgó concesiones por 30 años, que iban a empezar a expirar a partir de 2018. La nueva ley va a permitir también que los concesionarios de estas casas podrán venderlas y hacer reformas si no aumentan su actual volumen ni altura.
Según Medio Ambiente, existen unas 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras de un elevado volumen de empleo, y más de 1.700 son ocupaciones industriales. Estas industrias (químicas, extractivas, textiles, energéticas...) deberán superar un informe ambiental para prorrogar la concesión. En este capítulo, la normativa deja en manos de la Xunta de Galicia la permanencia de la papelera Ence en el municipio de Marín (Pontevedra), con concesión hasta 2018. En caso de que el Ejecutivo autonómico diera su plácet, la prórroga durante otros 75 años tendrá carácter automático.
La reforma está encaminada a proteger nuestra riqueza medioambiental, librar al litoral de atrocidades urbanísticas y además destacó que la Comisión Europea valoró muy positivamente este nuevo texto. Se estima que hay unas 10.000 viviendas construidas en dominio público, la mayoría con un derecho anterior a la Ley de Costas de 1988. En 2018 expirarían las primeras 1.100 concesiones, lo que obligaría a su demolición si no fuera por esta reforma. La nueva norma, aseguró por su parte el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, beneficia a quienes estaban legítimamente en la costa, pero 'no es una amnistía de situaciones ilegales'.
SEGURIDAD JURÍDICA
El proyecto amplía las concesiones a otros 75 años más a todas aquellas propiedades ya construidas (casas, restaurantes, hoteles...) que se encuentran situadas en suelo de dominio público marítimo terrestre.
Para los chiringuitos de playa desmontables la autorización será de 4 años cuando antes era solo de 1. La anterior ley expropió a todos estos propietarios sus posesiones al fijar unas nuevas lindes; a cambio les otorgó concesiones por 30 años, que iban a empezar a expirar a partir de 2018. La nueva ley va a permitir también que los concesionarios de estas casas podrán venderlas y hacer reformas si no aumentan su actual volumen ni altura.
Según Medio Ambiente, existen unas 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras de un elevado volumen de empleo, y más de 1.700 son ocupaciones industriales. Estas industrias (químicas, extractivas, textiles, energéticas...) deberán superar un informe ambiental para prorrogar la concesión. En este capítulo, la normativa deja en manos de la Xunta de Galicia la permanencia de la papelera Ence en el municipio de Marín (Pontevedra), con concesión hasta 2018. En caso de que el Ejecutivo autonómico diera su plácet, la prórroga durante otros 75 años tendrá carácter automático.
