Más de tres décadas después de la creación del Estado de las Autonomías las dudas sobre su sostenibilidad, eficacia, coste y endeudamiento han abierto un debate en el que los dos principales partidos coinciden, con matices, en la existencia de duplicidades y disfunciones en el modelo, que abogan por solucionar.
La mecha la prendió el pasado día 14 el expresidente del Gobierno José María Aznar, quien dijo que el Estado tal y como está configurado actualmente no es políticamente viable y es 'financieramente absolutamente inviable'. Para el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el modelo está en 'vigor' y tiene 'vitalidad', aunque es partidario de que las comunidades hagan un 'esfuerzo conjunto y exigente' con el fin de gestionar los asuntos públicos 'con la mayor austeridad y eficiencia posible'. Aunque algunos dirigentes del PP apuestan por la devolución de competencias al Estado, el líder del partido, Mariano Rajoy, rechazó tajantemente esta misma semana cualquier devolución de competencias 'por el momento'.
En el debate abierto, las comunidades rechazan dar pasos atrás en la descentralización, que ligan al Estado del bienestar, aunque reconocen que existen desajustes en el modelo que están dispuestos a corregir. El tema está sobre la mesa desde hace algunos meses. De hecho el Gobierno ya ha pedido un informe a la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas que determine los solapamientos y duplicidades que existen en materia competencial.
DEUDA
Desde el Ejecutivo se reconocen dichas 'distorsiones', pero se asegura que no va a suscitar ningún planteamiento 'recentralizador o renacionalizador' de España. Una idea que se repite desde el PSOE, que rechaza una revisión a la baja del modelo autonómico español, cuyo desarrollo considera un éxito de todos, pero defiende la necesidad de ajustes para ser 'más eficientes'. Algunas comunidades ya han empezado a 'adelgazar' sus estructuras con la reducción de consejerías, mientras otras meterán la tijera en aspectos polémicos como las televisiones autonómicas o las embajadas de las regiones en el exterior.
La deuda regional es uno de los aspectos que más alimenta los reproches a un nivel de la Administración que muchos ven como responsable, en parte, de la crisis económica que vive España. A finales del pasado mes de noviembre, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, anunció que dos comunidades (Castilla-La Mancha y Murcia) presentaban un riesgo significativo de no cumplir con el objetivo de déficit para 2010, por lo que tendrían que adoptar medidas de importante calado. El resto también tuvo que apretarse el cinturón para cumplir los objetivos de déficit aprobados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En una reciente entrevista en el 'Financial Times', Zapatero avisó a las comunidades de que si no cumplían con el control de gasto público 'actuará el Gobierno'.
La deuda de las autonomías representa el 10,2 por ciento del PIB, mientras que la de la Administración central es el 44,1 por ciento y la de los ayuntamientos, el 3,4 por ciento.
En el debate abierto, las comunidades rechazan dar pasos atrás en la descentralización, que ligan al Estado del bienestar, aunque reconocen que existen desajustes en el modelo que están dispuestos a corregir. El tema está sobre la mesa desde hace algunos meses. De hecho el Gobierno ya ha pedido un informe a la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas que determine los solapamientos y duplicidades que existen en materia competencial.
DEUDA
Desde el Ejecutivo se reconocen dichas 'distorsiones', pero se asegura que no va a suscitar ningún planteamiento 'recentralizador o renacionalizador' de España. Una idea que se repite desde el PSOE, que rechaza una revisión a la baja del modelo autonómico español, cuyo desarrollo considera un éxito de todos, pero defiende la necesidad de ajustes para ser 'más eficientes'. Algunas comunidades ya han empezado a 'adelgazar' sus estructuras con la reducción de consejerías, mientras otras meterán la tijera en aspectos polémicos como las televisiones autonómicas o las embajadas de las regiones en el exterior.
La deuda regional es uno de los aspectos que más alimenta los reproches a un nivel de la Administración que muchos ven como responsable, en parte, de la crisis económica que vive España. A finales del pasado mes de noviembre, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, anunció que dos comunidades (Castilla-La Mancha y Murcia) presentaban un riesgo significativo de no cumplir con el objetivo de déficit para 2010, por lo que tendrían que adoptar medidas de importante calado. El resto también tuvo que apretarse el cinturón para cumplir los objetivos de déficit aprobados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En una reciente entrevista en el 'Financial Times', Zapatero avisó a las comunidades de que si no cumplían con el control de gasto público 'actuará el Gobierno'.
La deuda de las autonomías representa el 10,2 por ciento del PIB, mientras que la de la Administración central es el 44,1 por ciento y la de los ayuntamientos, el 3,4 por ciento.
