El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, instó hoy al presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, a que suspenda cautelarmente a la Consellería de Política Territorial de la capacidad de contratación de obras, ya que considera demoledor el auto del juzgado número 2 de Santiago de Compostela en el que se admite a trámite la querella presentada por los populares sobre la adjudicación de la autovía de O Barbanza.
En rueda de prensa, Núñez Feijóo opinó que la Xunta debería tomar esta decisión por criterios de prudencia, ya que la soberbia del jefe del Ejecutivo autonómico le impedirá cesar a la conselleira, después de que el juez encargado del caso decidiese imputar a cuatro altos cargos de la Administración autonómica, entre ellos, los máximos responsables de la Dirección Xeral de Obras Públicas.
Por eso, el líder de la oposición de Galicia consideró razonable que se le retire la capacidad de contratar obras al departamento que dirige María José Caride y que se deleguen en otro organismo hasta que no haya una sentencia firme. En ese sentido, el PPdeG se mostró satisfecho por que el juez decidiese abrir diligencias previas sobre este caso y por que observe un presunto delito de prevaricación.
El juez tiene las mismas sospechas que nosotros, aseveró Feijóo, en referencia al auto judicial que no descarta datos sospechosos de una actividad atentatoria a la neutralidad de la Administración, para favorecer determinados intereses particulares, en base a la descripción de los hechos que efectúa el escrito de la querella del PP.
FUNDAMENTOS JURIDICOS.
De igual modo, el juez explica que del relato de los populares se desprende también lo que parece una burda maniobra sin justificación alguna, ni fáctica ni normativa para dejar sin efecto la contratación de la asistencia técnica aprobada en anteriores mesas de contratación, durante el Gobierno Fraga.
El auto judicial afirma también que el cambio político y de gestión en el ámbito administrativo conllevó la nueva contratación de la asistencia técnica sin saber porqué y sin publicidad alguna, al contrario de lo que habría sucedido con la primera asistencia contratada por la Administación anterior.
Asimismo, el juez recuerda, como relata la querella del PP, que la valoración del segundo informe técnico provocó que la empresa Itinere (Grupo Sacyr) fuese propuesta como primera opción para la adjudicación de las obras de la autovía, pasando la Constructora San José a un segundo lugar, que era la mejor puntuada por la anterior administración.
INDICIOS DE DELITO.
Las instancias judiciales también consideran que, según relata la denuncia del PP, los propios componentes de la mesa de contratación se autonombran para valorar qué informe debe prevalecer y en cinco horas deciden que Itinere sea finalmente la adjudicataria. El auto concluye que, según la parte querellante, la obra fue adjudicada al Grupo Sacyr, el 13 de marzo de 2006, con un fraude para los intereses públicos que se calcula entre 26 y 31 millones de euros.
Con estos fundamentos jurídicos, el juez apunta que estos hechos podrían constituir delitos de prevaricación, maquinación para alterar el precio de las cosas, negociaciones prohibidas a los funcionarios, lo que justifica la apertura de la investigación judicial.
Núñez Feijóo celebró que el juez decidiese clarificar este tema e insistió en que a los populares no les quedó más remedio que acudir al ámbito judicial porque socialistas y nacionalistas se negaron a discutir el asunto en el ámbito político al rechazar hasta en dos ocasiones la creación de una comisión de investigación en el Parlamento.
Los cuatro imputados están llamados a declarar, de dos en dos, el 4 y el 5 de marzo, respectivamente. Se trata del director xeral de Obras Públicas de la Consellería de Política Territorial, Manuel Morato Miguel; del director xeral de Política Financiera e Tesouro de la Consellería de Economía e Facenda; Eugenio García Lalinde; del subdirector xeral de Estradas, Antonio López Blanco; y de la jefa del servicio provincial de carreteras de la provincia de A Coruña, Teresa Palacios Alonso.
Por eso, el líder de la oposición de Galicia consideró razonable que se le retire la capacidad de contratar obras al departamento que dirige María José Caride y que se deleguen en otro organismo hasta que no haya una sentencia firme. En ese sentido, el PPdeG se mostró satisfecho por que el juez decidiese abrir diligencias previas sobre este caso y por que observe un presunto delito de prevaricación.
El juez tiene las mismas sospechas que nosotros, aseveró Feijóo, en referencia al auto judicial que no descarta datos sospechosos de una actividad atentatoria a la neutralidad de la Administración, para favorecer determinados intereses particulares, en base a la descripción de los hechos que efectúa el escrito de la querella del PP.
FUNDAMENTOS JURIDICOS.
De igual modo, el juez explica que del relato de los populares se desprende también lo que parece una burda maniobra sin justificación alguna, ni fáctica ni normativa para dejar sin efecto la contratación de la asistencia técnica aprobada en anteriores mesas de contratación, durante el Gobierno Fraga.
El auto judicial afirma también que el cambio político y de gestión en el ámbito administrativo conllevó la nueva contratación de la asistencia técnica sin saber porqué y sin publicidad alguna, al contrario de lo que habría sucedido con la primera asistencia contratada por la Administación anterior.
Asimismo, el juez recuerda, como relata la querella del PP, que la valoración del segundo informe técnico provocó que la empresa Itinere (Grupo Sacyr) fuese propuesta como primera opción para la adjudicación de las obras de la autovía, pasando la Constructora San José a un segundo lugar, que era la mejor puntuada por la anterior administración.
INDICIOS DE DELITO.
Las instancias judiciales también consideran que, según relata la denuncia del PP, los propios componentes de la mesa de contratación se autonombran para valorar qué informe debe prevalecer y en cinco horas deciden que Itinere sea finalmente la adjudicataria. El auto concluye que, según la parte querellante, la obra fue adjudicada al Grupo Sacyr, el 13 de marzo de 2006, con un fraude para los intereses públicos que se calcula entre 26 y 31 millones de euros.
Con estos fundamentos jurídicos, el juez apunta que estos hechos podrían constituir delitos de prevaricación, maquinación para alterar el precio de las cosas, negociaciones prohibidas a los funcionarios, lo que justifica la apertura de la investigación judicial.
Núñez Feijóo celebró que el juez decidiese clarificar este tema e insistió en que a los populares no les quedó más remedio que acudir al ámbito judicial porque socialistas y nacionalistas se negaron a discutir el asunto en el ámbito político al rechazar hasta en dos ocasiones la creación de una comisión de investigación en el Parlamento.
Los cuatro imputados están llamados a declarar, de dos en dos, el 4 y el 5 de marzo, respectivamente. Se trata del director xeral de Obras Públicas de la Consellería de Política Territorial, Manuel Morato Miguel; del director xeral de Política Financiera e Tesouro de la Consellería de Economía e Facenda; Eugenio García Lalinde; del subdirector xeral de Estradas, Antonio López Blanco; y de la jefa del servicio provincial de carreteras de la provincia de A Coruña, Teresa Palacios Alonso.
