El alcalde de Vigo podría ser demandado y, eventualmente, condenado por su actuación en el pleno en el que fue aprobado el plan de urbanismo, al impedir la entrada al salón de sesiones a vecinos contrarios a ese documento. Un informe jurídico entiende que la Federación de Vecinos podría proceder contra el regidor vigués, Abel Caballero.
Un informe jurídico elaborado por el abogado de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, Vicente Sallín, a instancias de la Federación Vecinal de Vigo, advierte de que el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, puede ser condenado penalmente por haber impedido el ejercicio de los derechos ciudadanos en el pleno en el que se aprobó el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), y que dicha sesión plenaria puede ser impugnada.
En el informe se considera público y manifiesto que se impidió la entrada de los representantes vecinales al pleno, a pesar de que el derecho ciudadano a participar en los asuntos públicos está recogido en la Constitución. Asimismo, Vallín señala en su informe que se vulneró el derecho importantísimo a la igualdad, del artículo 14 de la Carta Magna, ya que a algunas personas sí se les permitió la entrada, discriminándose a quienes se negó la misma.
También se considera vulnerada la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, en la que se establece que los plenos deben ser de carácter público, a no ser que se decida por mayoría lo contrario, por lo que procede la asistencia libre, sin que se pueda impedir, salvo por causas de orden público.
Por último, el informe recuerda que el Código Penal establece que puede suponer una coacción la actuación del que sin estar legítimamente autori zado impidiera a otro hacer lo que la ley no prohíbe, cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el cumplimiento del ejercicio de un derecho fundamental.
Con esta fundamentación, el abogado señala que la Federación Vecinal está legitimada para promover el correspon diente procedimiento, y que podría solicitar la nulidad del pleno, la condena del alcalde en el ámbito penal por su actuación dolosa impidiendo el ejercicio de un derecho propio de las personas, el resarcimiento de los daños y perjuicios que se puedan probar, y la apertura de un expediente sancionador.
En el informe se considera público y manifiesto que se impidió la entrada de los representantes vecinales al pleno, a pesar de que el derecho ciudadano a participar en los asuntos públicos está recogido en la Constitución. Asimismo, Vallín señala en su informe que se vulneró el derecho importantísimo a la igualdad, del artículo 14 de la Carta Magna, ya que a algunas personas sí se les permitió la entrada, discriminándose a quienes se negó la misma.
También se considera vulnerada la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, en la que se establece que los plenos deben ser de carácter público, a no ser que se decida por mayoría lo contrario, por lo que procede la asistencia libre, sin que se pueda impedir, salvo por causas de orden público.
Por último, el informe recuerda que el Código Penal establece que puede suponer una coacción la actuación del que sin estar legítimamente autori zado impidiera a otro hacer lo que la ley no prohíbe, cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el cumplimiento del ejercicio de un derecho fundamental.
Con esta fundamentación, el abogado señala que la Federación Vecinal está legitimada para promover el correspon diente procedimiento, y que podría solicitar la nulidad del pleno, la condena del alcalde en el ámbito penal por su actuación dolosa impidiendo el ejercicio de un derecho propio de las personas, el resarcimiento de los daños y perjuicios que se puedan probar, y la apertura de un expediente sancionador.
