El Ministerio de Justicia recurrirá la resolución de una jueza de Nueva York que ha desestimado una demanda presentada por España contra la empresa American Bureau of Shipping (ABS), que certificó que el petrolero Prestige era apto para transportar combustible.
Este Departamento interpondrá los recursos procedentes contra la resolución de la Justicia estadounidense a través de los servicios de la Abogacía del Estado, según un comunicado del Ministerio de Justicia.
Este Departamento interpondrá los recursos procedentes contra la resolución de la Justicia estadounidense a través de los servicios de la Abogacía del Estado, según un comunicado del Ministerio de Justicia.
España reclamaba a ABS y a otras empresas afiliadas compensaciones por considerar que había actuado de forma negligente al clasificar como apto al buque que se hundió frente a las costas de Galicia (España) en 2002 y desencadenó uno de los más graves desastres ecológicos del país.
La resolución, que no es firme (caben los recursos de apelación y reconsideración) considera probados que tras su partida del puerto de Letonia, totalmente cargado, el Prestige sufrió daños estructurales que dieron lugar al vertido de grandes cantidades de fuel a las proximidades de la costa.
El ministerio mantiene que este relato de los hechos acoge como probada e indiscutida la tesis de la Administración española de que el hundimiento del petrolero en noviembre de 2002 se debió no a las maniobras de salvamento, ni a las circunstancias externas imprevisibles sino a un fallo estructural.
Este fallo implica, asegura Justicia en el comunicado, una llamada a la responsabilidad de los titulares del buque y de la compañía que lo inspeccionaba y certificaba su navegabilidad, en este caso la empresa estadounidense ABS encargada de determinar si las condiciones de los barcos son aptas para transportar la carga que tienen previsto llevar.
Con este fin esta empresa inspecciona el diseño, fabricación y mantenimiento de los buques y certifica en cada caso el estado del navío.
El texto judicial recuerda que el Prestige fue construido acorde con las normas de ABS vigentes en 1973 y que desde su entrada en operaciones en 1976 había transportado diversos tipos de carga, incluido fuel oil, y había sido sometido a inspecciones periódicas, lo que se hacía constar en su registro que elaboró ABS.
En el momento del hundimiento, el 19 de noviembre de 2002, el buque era propiedad de la corporación Mare Shipping, de Liberia, y navegaba bajo bandera de Bahamas.
La resolución, que no es firme (caben los recursos de apelación y reconsideración) considera probados que tras su partida del puerto de Letonia, totalmente cargado, el Prestige sufrió daños estructurales que dieron lugar al vertido de grandes cantidades de fuel a las proximidades de la costa.
El ministerio mantiene que este relato de los hechos acoge como probada e indiscutida la tesis de la Administración española de que el hundimiento del petrolero en noviembre de 2002 se debió no a las maniobras de salvamento, ni a las circunstancias externas imprevisibles sino a un fallo estructural.
Este fallo implica, asegura Justicia en el comunicado, una llamada a la responsabilidad de los titulares del buque y de la compañía que lo inspeccionaba y certificaba su navegabilidad, en este caso la empresa estadounidense ABS encargada de determinar si las condiciones de los barcos son aptas para transportar la carga que tienen previsto llevar.
Con este fin esta empresa inspecciona el diseño, fabricación y mantenimiento de los buques y certifica en cada caso el estado del navío.
El texto judicial recuerda que el Prestige fue construido acorde con las normas de ABS vigentes en 1973 y que desde su entrada en operaciones en 1976 había transportado diversos tipos de carga, incluido fuel oil, y había sido sometido a inspecciones periódicas, lo que se hacía constar en su registro que elaboró ABS.
En el momento del hundimiento, el 19 de noviembre de 2002, el buque era propiedad de la corporación Mare Shipping, de Liberia, y navegaba bajo bandera de Bahamas.
