A punto de cumplirse un año desde el inicio de la llamada 'Operación Pokemon', con la detención de una docena de personas, la causa que instruye la titular de Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, Pilar de Lara, sigue bajo secreto de sumario y de poco han servido las quejas de los abogados que se ocupan de la defensa de los más de treinta imputados.
La operación se puso en marcha para investigar la existencia de una supuesta trama para obtener contratos y concesiones públicas a base de sobornos en distintas administraciones gallegas, pero las pesquisas, transcurrido prácticamente un año, han llegado también a Asturias y a Cataluña.
Durante todo este tiempo, los abogados que se han hecho cargo de la defensa de los políticos, empresarios y funcionarios imputados se han quejado en reiteradas ocasiones por la 'indefensión' a la que supuestamente están sometidos sus clientes como consecuencia de la dilación en la apertura del secreto de sumario, que acaba de ser prorrogado hace unos días. En septiembre, cuando se agote esa nueva prórroga, se habrá cumplido un año desde que se tuvo noticia de esta operación, doce meses en los que el juzgado fue rechazando los recursos presentados para solicitar que se levantase la reserva sobre las actuaciones, lo que llevó a algunos abogados a recurrir en apelación a la Audiencia Provincial.
La 'Operación Pokemon' convulsionó a la opinión pública el 20 de septiembre del pasado año, a menos de un mes de las elecciones autonómicas gallegas, cuando fueron detenidos los que entonces eran alcaldes de Ourense, el socialista Francisco Rodríguez, y Boqueixón, el popular Adolfo Gacio, que quedaron en libertad tras abonar sendas fianzas de 6.000 y 10.000 euros, aunque tuvieron que dimitir de sus cargos. Además, fue detenido en esa primera fase el que fuera presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y concejal de Economía y Urbanismo en el Ayuntamiento de Lugo, Francisco Fernández Liñares, así como el gerente y dos directivos del grupo Vendex, y un concejal nacionalista en Ourense, Fernando Varela, que también presentó su dimisión.
De los detenidos que envió a prisión la jueza tras tomarles declaración, el que más tiempo pasó en la cárcel antes de su puesta en libertad fue Fernández Liñares, que abandonó el centro penitenciario de Bonxe en enero por decisión de la Audiencia Provincial de Lugo, en respuesta a un recurso formulado por su defensa. Fernández Liñares, al igual que el responsable de la empresa que gestiona el sistema ORA en Lugo, Javier Reguera, también detenido en la primera fase de la Pokemon , se benefició de la 'doctrina Gao Ping', que permitió salir de la cárcel al supuesto mafioso chino por haberse superado las 72 horas de detención legalmente establecidas antes de su paso a disposición judicial.
Javier Reguera fue uno de los tres detenidos en esa primera fase de la operación a los que la jueza instructora envió a prisión, junto con el propio Fernández Liñares y el gerente del grupo Vendex, Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, que dejó la cárcel tras abonar una fianza de 80.000 euros.
OTROS IMPUTADOS
En la causa también fueron imputados otros tres alcaldes gallegos, el de O Carballiño (Ourense), Argimiro Marnotes (PP); el de Santiago, Ángel Currás (PP), y el de Lugo, José López Orozco (PSdeG-PSOE), que llegó a prestar declaración dos veces a petición propia y cuyos abogados presentaron ya dos recursos ante la Audiencia Provincial para solicitar el levantamiento del secreto de sumario.
Además, figuran también en la lista de imputados los ediles del equipo de gobierno de Santiago Adrián Varela y Rebeca Domínguez, así como el que fuera alcalde de la capital gallega, Gerardo Conde Roa, y los exconcejales Ángel Espadas y Albino Vázquez.
Durante todo este tiempo, los abogados que se han hecho cargo de la defensa de los políticos, empresarios y funcionarios imputados se han quejado en reiteradas ocasiones por la 'indefensión' a la que supuestamente están sometidos sus clientes como consecuencia de la dilación en la apertura del secreto de sumario, que acaba de ser prorrogado hace unos días. En septiembre, cuando se agote esa nueva prórroga, se habrá cumplido un año desde que se tuvo noticia de esta operación, doce meses en los que el juzgado fue rechazando los recursos presentados para solicitar que se levantase la reserva sobre las actuaciones, lo que llevó a algunos abogados a recurrir en apelación a la Audiencia Provincial.
La 'Operación Pokemon' convulsionó a la opinión pública el 20 de septiembre del pasado año, a menos de un mes de las elecciones autonómicas gallegas, cuando fueron detenidos los que entonces eran alcaldes de Ourense, el socialista Francisco Rodríguez, y Boqueixón, el popular Adolfo Gacio, que quedaron en libertad tras abonar sendas fianzas de 6.000 y 10.000 euros, aunque tuvieron que dimitir de sus cargos. Además, fue detenido en esa primera fase el que fuera presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y concejal de Economía y Urbanismo en el Ayuntamiento de Lugo, Francisco Fernández Liñares, así como el gerente y dos directivos del grupo Vendex, y un concejal nacionalista en Ourense, Fernando Varela, que también presentó su dimisión.
De los detenidos que envió a prisión la jueza tras tomarles declaración, el que más tiempo pasó en la cárcel antes de su puesta en libertad fue Fernández Liñares, que abandonó el centro penitenciario de Bonxe en enero por decisión de la Audiencia Provincial de Lugo, en respuesta a un recurso formulado por su defensa. Fernández Liñares, al igual que el responsable de la empresa que gestiona el sistema ORA en Lugo, Javier Reguera, también detenido en la primera fase de la Pokemon , se benefició de la 'doctrina Gao Ping', que permitió salir de la cárcel al supuesto mafioso chino por haberse superado las 72 horas de detención legalmente establecidas antes de su paso a disposición judicial.
Javier Reguera fue uno de los tres detenidos en esa primera fase de la operación a los que la jueza instructora envió a prisión, junto con el propio Fernández Liñares y el gerente del grupo Vendex, Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, que dejó la cárcel tras abonar una fianza de 80.000 euros.
OTROS IMPUTADOS
En la causa también fueron imputados otros tres alcaldes gallegos, el de O Carballiño (Ourense), Argimiro Marnotes (PP); el de Santiago, Ángel Currás (PP), y el de Lugo, José López Orozco (PSdeG-PSOE), que llegó a prestar declaración dos veces a petición propia y cuyos abogados presentaron ya dos recursos ante la Audiencia Provincial para solicitar el levantamiento del secreto de sumario.
Además, figuran también en la lista de imputados los ediles del equipo de gobierno de Santiago Adrián Varela y Rebeca Domínguez, así como el que fuera alcalde de la capital gallega, Gerardo Conde Roa, y los exconcejales Ángel Espadas y Albino Vázquez.
