El PPdeG anunció que el próximo lunes día 7 de julio presentará una denuncia en la Justicia para pedir que se investigue el caso de la supuesta agente electoral del PSdeG porque, a su entender, Galicia no merece ni se puede permitir tener un gobierno bajo sospecha.
Así lo desveló el secretario xeral de los populares gallegos, Alfonso Rueda, quien justificó este paso para contrarrestar la estrategia de la Xunta de dejar que pase el tiempo y que la ciudadanía se vaya olvidando de esta trama.
Frente a este comportamiento, Rueda reivindicó la necesidad de saber la verdad después del paripé que significó, a su entender, la comisión de investigación abierta sobre este caso en la Cámara autonómica. Aunque el PPdeG creía en Parlamento, da por probado que la investigación parlamentaria se cerró con unas conclusiones que nada tienen que ver con lo que se intentaba esclarecer.
Puesto que no pasó nada y no se exigió ninguna responsabilidad sobre ningún miembro del gobierno pese a constatarse muchas irregularidades, la oposición defendió la conveniencia de la intervención de la Justicia.
FERIA DE LAS MENTIRAS.
En consecuencia, denunciarán esta trama en los tribunales para que sea un juez quien reclame los documentos y los testigos a los que los grupos parlamentarios que sustentan la Xunta dijeron no en la comisión de la Cámara porque el PSdeG no tenía ningún interés en que el caso se siguiera ventilando y el BNG adoptó una actitud de complicidad con sus socios de gobierno. También abogó por que el letrado tome declaración a las personas que comparecieron en el Parlamento con el fin de que los que mintieron cuenten la verdad.
Es necesaria la intervención de la Justicia para saber cómo se montó esta trama de corrupción con la colaboración de miembros del gobierno, resumió Rueda, que insistió en que si la comisión de investigación no se hubiera convertido en la feria de las mentiras, el Partido Popular no estaría tomando esta medida.
En esta línea, reafirmó que el PPdeG no quiere judicializar la vida política y, para demostrarlo, remitió al esquema lógico seguido por la oposición en este caso. Así, tras pedir explicaciones al Gobierno, primero, y llevar este asunto al Parlamento, después, la oposición apela a la vía judicial como último recurso para que se sepa la verdad.
Esta es la tercera vez que el PPdeG lleva a los tribunales un asunto relacionado con el Gobierno bipartito. En octubre de 2006, se querelló contra el director xeral de Montes, Alberte Blanco, por acusar a 168 regidores del PP de sabotaje, traición y boicot al operativo antiincendios de la Xunta durante la oleada de incendios.
Posteriormente, a principios de este 2008, los populares gallegos llevaron a los tribunales la adjudicación de las obras de la Autovía de O Barbanza por presunta prevaricación.
Frente a este comportamiento, Rueda reivindicó la necesidad de saber la verdad después del paripé que significó, a su entender, la comisión de investigación abierta sobre este caso en la Cámara autonómica. Aunque el PPdeG creía en Parlamento, da por probado que la investigación parlamentaria se cerró con unas conclusiones que nada tienen que ver con lo que se intentaba esclarecer.
Puesto que no pasó nada y no se exigió ninguna responsabilidad sobre ningún miembro del gobierno pese a constatarse muchas irregularidades, la oposición defendió la conveniencia de la intervención de la Justicia.
FERIA DE LAS MENTIRAS.
En consecuencia, denunciarán esta trama en los tribunales para que sea un juez quien reclame los documentos y los testigos a los que los grupos parlamentarios que sustentan la Xunta dijeron no en la comisión de la Cámara porque el PSdeG no tenía ningún interés en que el caso se siguiera ventilando y el BNG adoptó una actitud de complicidad con sus socios de gobierno. También abogó por que el letrado tome declaración a las personas que comparecieron en el Parlamento con el fin de que los que mintieron cuenten la verdad.
Es necesaria la intervención de la Justicia para saber cómo se montó esta trama de corrupción con la colaboración de miembros del gobierno, resumió Rueda, que insistió en que si la comisión de investigación no se hubiera convertido en la feria de las mentiras, el Partido Popular no estaría tomando esta medida.
En esta línea, reafirmó que el PPdeG no quiere judicializar la vida política y, para demostrarlo, remitió al esquema lógico seguido por la oposición en este caso. Así, tras pedir explicaciones al Gobierno, primero, y llevar este asunto al Parlamento, después, la oposición apela a la vía judicial como último recurso para que se sepa la verdad.
Esta es la tercera vez que el PPdeG lleva a los tribunales un asunto relacionado con el Gobierno bipartito. En octubre de 2006, se querelló contra el director xeral de Montes, Alberte Blanco, por acusar a 168 regidores del PP de sabotaje, traición y boicot al operativo antiincendios de la Xunta durante la oleada de incendios.
Posteriormente, a principios de este 2008, los populares gallegos llevaron a los tribunales la adjudicación de las obras de la Autovía de O Barbanza por presunta prevaricación.
