La conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, dijo ayer que la Xunta no cobrará la asistencia sanitaria pública a quien tenga derecho a ella pero no consentirá el 'fraude ni el uso irresponsable', por lo que se repercutirá el coste de las actuaciones necesarias a quien las cause.
Así lo manifestó la conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, en respuesta a una interpelación formulada por el diputado socialista Modesto Pose, quien pidió que no se repercuta en los usuarios los gastos ocasionados por el 'uso irresponsable' de las prestaciones asistenciales, como se contempla en el decreto 209/2011, de 27 de octubre, sobre lo que ha pedido más concreción.
'La utilización del servicio sanitario por la ciudadanía no es irresponsable' sino que tiene que ver 'con el nivel de conocimiento que tiene cada uno, muchas veces angustioso', alegó Pose, quien expresó su confianza en que la conselleira 'lo va a hacer mejor' que la anterior, Pilar Farjas, pues 'tampoco lo tiene tan difícil', dijo.
Mosquera recordó que la Ley de Salud de Galicia, del año 2008, contempla los derechos y deberes sanitarios, entre ellos el uso adecuado de recursos, servicios y prestaciones ofrecidas por el sistema sanitario, o la comunicación al sistema sanitario a la mayor brevedad de la no utilización de los servicios programados. 'Nuestra obligación es cumplir y hacer cumplir las leyes', pues el sistema público es de todos y 'a todos perjudica su incorrecta utilización', de manera especial, señaló, en este momento de crisis cuando 'tenemos que ser más cuidadosos si cabe'.
De ahí que defendiese la exigencia de responsabilidades y compensación económica si procede por el 'uso irresponsable' de los servicios de prestaciones, porque 'la sanidad se financia con el dinero de todos', insistió. Mosquera ejemplificó que no es un uso responsable que una persona atendida en un accidente se niegue a facilitar los datos de la compañía de seguros para hacerse cargo de los costes de su atención; y tampoco 'debería extrañar que al causante de una mala utilización le podamos repercutir el coste', indicó.
Al hilo de ello, prevé un desarrollo posterior a partir de la disposición adicional única del decreto, donde se establecen las tareas de servicios prestados a terceros obligados al pago, para garantizar la 'adecuada utilización' de la sanidad pública teniendo en cuenta la 'obligación' de la Xunta de 'lucha contra el fraude'. 'Desarrollaremos reglamentariamente esta disposición adicional y espero que dé respuesta a sus inquietudes', aseveró.
En este contexto, aseguró que la inspección médica de Vigo ha puesto en marcha un programa especial de recuperación de facturas de los últimos cinco años con un resultado de cobro de más de 7,6 millones de euros.
FALTA DE CONCRECIÓN
La diputada nacionalista Ana Luisa Bouza reprochó a la conselleira su falta de concreción y advirtió del cobro por citas a las que no se asista, por lo que instó a Mosquera a evitar 'el uso abusivo e irresponsable de la sanidad publica, que no es de usted, es de todos los gallegos y las gallegas', remachó.
Por su parte, el parlamentario del PPdeG Miguel Santalices sostuvo que el copago tiene que ver con la contribución al sistema, como ocurre con la universidad, ejemplificó, y citó estudios para asegurar que no soluciona el déficit en la sanidad pública sino que pretende moderar la demanda de servicios. Santalices pidió a la oposición que reflexione sobre lo que implica privatización o copago, y sostuvo que externalizar servicios no supone un coste adicional para la sanidad gallega.
'La utilización del servicio sanitario por la ciudadanía no es irresponsable' sino que tiene que ver 'con el nivel de conocimiento que tiene cada uno, muchas veces angustioso', alegó Pose, quien expresó su confianza en que la conselleira 'lo va a hacer mejor' que la anterior, Pilar Farjas, pues 'tampoco lo tiene tan difícil', dijo.
Mosquera recordó que la Ley de Salud de Galicia, del año 2008, contempla los derechos y deberes sanitarios, entre ellos el uso adecuado de recursos, servicios y prestaciones ofrecidas por el sistema sanitario, o la comunicación al sistema sanitario a la mayor brevedad de la no utilización de los servicios programados. 'Nuestra obligación es cumplir y hacer cumplir las leyes', pues el sistema público es de todos y 'a todos perjudica su incorrecta utilización', de manera especial, señaló, en este momento de crisis cuando 'tenemos que ser más cuidadosos si cabe'.
De ahí que defendiese la exigencia de responsabilidades y compensación económica si procede por el 'uso irresponsable' de los servicios de prestaciones, porque 'la sanidad se financia con el dinero de todos', insistió. Mosquera ejemplificó que no es un uso responsable que una persona atendida en un accidente se niegue a facilitar los datos de la compañía de seguros para hacerse cargo de los costes de su atención; y tampoco 'debería extrañar que al causante de una mala utilización le podamos repercutir el coste', indicó.
Al hilo de ello, prevé un desarrollo posterior a partir de la disposición adicional única del decreto, donde se establecen las tareas de servicios prestados a terceros obligados al pago, para garantizar la 'adecuada utilización' de la sanidad pública teniendo en cuenta la 'obligación' de la Xunta de 'lucha contra el fraude'. 'Desarrollaremos reglamentariamente esta disposición adicional y espero que dé respuesta a sus inquietudes', aseveró.
En este contexto, aseguró que la inspección médica de Vigo ha puesto en marcha un programa especial de recuperación de facturas de los últimos cinco años con un resultado de cobro de más de 7,6 millones de euros.
FALTA DE CONCRECIÓN
La diputada nacionalista Ana Luisa Bouza reprochó a la conselleira su falta de concreción y advirtió del cobro por citas a las que no se asista, por lo que instó a Mosquera a evitar 'el uso abusivo e irresponsable de la sanidad publica, que no es de usted, es de todos los gallegos y las gallegas', remachó.
Por su parte, el parlamentario del PPdeG Miguel Santalices sostuvo que el copago tiene que ver con la contribución al sistema, como ocurre con la universidad, ejemplificó, y citó estudios para asegurar que no soluciona el déficit en la sanidad pública sino que pretende moderar la demanda de servicios. Santalices pidió a la oposición que reflexione sobre lo que implica privatización o copago, y sostuvo que externalizar servicios no supone un coste adicional para la sanidad gallega.
