El Gobierno gallego rebajará por ley los umbrales para la contratación menor, la que se realiza hasta ahora por encargo directo sin necesidad de concurso, y obligará a la presentación de tres ofertas con la garantía de que no hay relación entre ellas, según consta en el anteproyecto de ley de racionalización de la Administración pública autonómica.
En la actualidad, los límites eran de 18.000 euros para suministros y de 50.000 en obras, mientras que la nueva ley prevé que las cantidades se reduzcan a la mitad, de modo que serán 9.000 euros para suministros y 25.000 para obras.
El vicepresidente gallego, Alfonso Rueda, ha explicado tras la reunión del Consello de la Xunta que esta nueva normativa supone un 'avance importante en materia de transparencia en la contratación'.
La nueva ley establece, además, en línea con las directrices de la Comisión Europea la 'autoprovisión' de servicios y tareas por la Administración 'siempre' que se puedan realizar con sus medios.
De este modo, será obligatorio que la Administración realice con sus medios la prestación de asistencia jurídica, las auditorías, trabajos estadísticos y formación de empleados públicos, entre otras tareas, según un catálogo de medios que ya existe y que se publicará.
'No es una declaración de intenciones, sino una obligación legal', ha insistido Rueda, que ha indicado que para completar esta medida se hará público un listado de servicios de contratación que deberá ser centralizada, entre otros, el mantenimiento de instalaciones, la limpieza, la seguridad, los servicios postales y telegráficos, la reparación de vehículos, el gas y la electricidad.
Para el vicepresidente, esto no va a suponer que se limite la competencia y que las pequeñas y medianas empresas no puedan participar en estas licitaciones, ya que se incluirán cláusulas de salvaguardia para permitir su concurso de modo que, 'sin perjuicio la contratación centralizada, siempre que se pueda se haga por lotes, para facilitar que pymes se puedan presentar'.
El vicepresidente gallego, Alfonso Rueda, ha explicado tras la reunión del Consello de la Xunta que esta nueva normativa supone un 'avance importante en materia de transparencia en la contratación'.
La nueva ley establece, además, en línea con las directrices de la Comisión Europea la 'autoprovisión' de servicios y tareas por la Administración 'siempre' que se puedan realizar con sus medios.
De este modo, será obligatorio que la Administración realice con sus medios la prestación de asistencia jurídica, las auditorías, trabajos estadísticos y formación de empleados públicos, entre otras tareas, según un catálogo de medios que ya existe y que se publicará.
'No es una declaración de intenciones, sino una obligación legal', ha insistido Rueda, que ha indicado que para completar esta medida se hará público un listado de servicios de contratación que deberá ser centralizada, entre otros, el mantenimiento de instalaciones, la limpieza, la seguridad, los servicios postales y telegráficos, la reparación de vehículos, el gas y la electricidad.
Para el vicepresidente, esto no va a suponer que se limite la competencia y que las pequeñas y medianas empresas no puedan participar en estas licitaciones, ya que se incluirán cláusulas de salvaguardia para permitir su concurso de modo que, 'sin perjuicio la contratación centralizada, siempre que se pueda se haga por lotes, para facilitar que pymes se puedan presentar'.
