La víctima se murió a los seis días de que el juzgado de Verín dictara una orden de alejamiento tras conocer el maltrato
La acusación pública reclama una pena de hasta cuatro años y cuatro meses de prisión para José F.D., de 70 años, por maltratar a su madre de 92 cuando estaba encamada por sus dificultades movilidad debido a diversas dolencias.
Madre e hijo convivían en el mismo domicilio en la localidad de Medeiros, en Monterrei. Y, según lo que expuso ayer la fiscal en el juicio celebrado en el Penal 2, el inculpado –que niega los hechos– sometió a su madre "a una situación continuada de malos tratos". Los insultos, según esa versión, eran continuos: "Le decía que era una momia, que no la quería nadie", dijo. Además de llamarle "gilipollas", "puta" o "cabrona". E incluso reprochaba, dice la acusación pública, a terceras personas que le llevaran comida para alimentarse.
La fiscal mencionó dos episodios concretos a la hora de detallar las agresiones. Uno, el 1 de septiembre: "La golpeó en la espalda, con un objeto no determinado, produciéndole erosiones y hematomas que precisaron para su sanidad una única asistencia facultativa". El 11 de septiembre dice que hubo un episodio de maltrato verbal. Los insultos fueron tales que la víctima se echó a llorar. La cuidadora presenció los hechos.
El Juzgado de Instrucción 1 de Verín dictó un auto el 13 de septiembre de 2017 que le impuso una orden de alejamiento respecto a la madre. Pero la citada orden tuvo poco vigencia ya que la víctima murió a los seis días, por lo que la medida cautelar quedó sin efecto.
La fiscal reclama dos años y medio de cárcel por un delito de malos tratos habituales pero también acusó por dos lesiones leves y menoscabo psíquico en el ámbito familiar (11 meses de prisión por cada una de las dos infracciones penales).
La violencia familiar genera una media de tres denuncias al día en la provincia, aunque la mayor parte son casos de maltrato machista. En cuanto a la violencia entre padres e hijos, muchos de los conflictos tienen su origen en la falta de respuesta adecuada por parte de los servicios sanitarios y sociales de la comunidad autónoma a la enfermedad mental que padece el familiar denunciado.
