Los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados no consiguieron ayer poner de acuerdo para firmar un comunicado conjunto sobre los sucesos de El Aaiún. Es más, la dirección del Grupo Socialista en el Congreso desautorizó y se desmarcó de una de una declaración de condena que había promovido su diputado Fátima Aburto.
En dicha declaración, presentada como del Intergrupo para el Sáhara con la firma de todos los partidos, se expresaba la 'solidaridad' con el pueblo saharaui, el 'más profundo rechazo' a la violencia y la 'más enérgica condena' por la pérdida de vidas humanas que se ha producido en los incidentes de El Aaiún. También se denunciaba la 'férrea censura' de Marruecos, aunque sin citar al país magrebí, porque 'impide el ejercicio de las libertades básicas de reunión, expresión y opinión en los territorios ocupados del Sáhara Occidental', afectando también a los periodistas españoles.
Nada más difundirse el texto, empezaron a desmarcarse los grupos parlamentarios. PP y CiU dijeron no haber recibido el texto, por lo que niega que pueda llevar su firma. El PNV reconoce que sí recibió previamente el comunicado pero no dio su visto bueno a su firma ya que antes pensaba hacer sus aportaciones. Tanto Izquierda Unida como el BNG llegaron a presentar sus enmiendas al texto e iniciaron una negociación, pero antes de que se cerrara la declaración se hizo pública, por lo que tampoco dan por estampada su firma.
DESAUTORIZACIÓN DEL GRUPO
La coordinadora del Intergrupo para el Sáhara, la socialista Fátima Aburto, admitió su 'precipitación' en la gestión del comunicado y ofreció negociar un texto hoy martes. Horas después, la diputada fue desautorizada por la dirección de su grupo parlamentario, que encabeza José Antonio Alonso: 'El comunicado que distribuyó Fátima Aburto es una iniciativa personal de esta diputada, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores, y la dirección del grupo no tenía conocimiento de que estuviese negociando con el resto de grupos un comunicado sobre los últimos sucesos en Sáhara Occidental', señaló el PSOE.
En este contexto, son muchas las críticas que el Gobierno está recibiendo ante su postura en el conflicto del Sáhara. Políticos, ciudadanos y activistas piden una mayor contundencia con Marruecos y la defensa de los derechos humanos de los saharauis, que consideran violados. Ante esto, el Ejecutivo defiende su actuación, asegurando que 'no es incompatible mantener buenas relaciones de vecindad con la defensa de los derechos humanos'.
La ministra de Exteriores considera que la contundencia y el tono altisonante con Marruecos pondría fin a la interlocución, y España dejaría de ser útil en la solución del conflicto. El PP pide una condena 'sin paliativos' y considera que la falta de condena denota la falta de sensibilidad del Ejecutivo. 'Por una razón política no defender los derechos humanos es no merecer el afecto de los ciudadanos españoles', afirma González Pons. En medio de esta polémica, el vicepresidente primero, Alfredo Pérez-Rubalcaba, se reúne hoy con su homólogo marroquí, Taib Cherkuai.
Nada más difundirse el texto, empezaron a desmarcarse los grupos parlamentarios. PP y CiU dijeron no haber recibido el texto, por lo que niega que pueda llevar su firma. El PNV reconoce que sí recibió previamente el comunicado pero no dio su visto bueno a su firma ya que antes pensaba hacer sus aportaciones. Tanto Izquierda Unida como el BNG llegaron a presentar sus enmiendas al texto e iniciaron una negociación, pero antes de que se cerrara la declaración se hizo pública, por lo que tampoco dan por estampada su firma.
DESAUTORIZACIÓN DEL GRUPO
La coordinadora del Intergrupo para el Sáhara, la socialista Fátima Aburto, admitió su 'precipitación' en la gestión del comunicado y ofreció negociar un texto hoy martes. Horas después, la diputada fue desautorizada por la dirección de su grupo parlamentario, que encabeza José Antonio Alonso: 'El comunicado que distribuyó Fátima Aburto es una iniciativa personal de esta diputada, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores, y la dirección del grupo no tenía conocimiento de que estuviese negociando con el resto de grupos un comunicado sobre los últimos sucesos en Sáhara Occidental', señaló el PSOE.
En este contexto, son muchas las críticas que el Gobierno está recibiendo ante su postura en el conflicto del Sáhara. Políticos, ciudadanos y activistas piden una mayor contundencia con Marruecos y la defensa de los derechos humanos de los saharauis, que consideran violados. Ante esto, el Ejecutivo defiende su actuación, asegurando que 'no es incompatible mantener buenas relaciones de vecindad con la defensa de los derechos humanos'.
La ministra de Exteriores considera que la contundencia y el tono altisonante con Marruecos pondría fin a la interlocución, y España dejaría de ser útil en la solución del conflicto. El PP pide una condena 'sin paliativos' y considera que la falta de condena denota la falta de sensibilidad del Ejecutivo. 'Por una razón política no defender los derechos humanos es no merecer el afecto de los ciudadanos españoles', afirma González Pons. En medio de esta polémica, el vicepresidente primero, Alfredo Pérez-Rubalcaba, se reúne hoy con su homólogo marroquí, Taib Cherkuai.
