La acción de transferir directa o indirectamente población judía para el establecimiento de las colonias en los territorios palestinos ocupados entra en la categoría de crímenes de guerra de la Corte Penal Internacional, según señaló ayer una comisión internacional auspiciada por la ONU, que denunció además que esta práctica viola 'de diversas maneras' los derechos humanos de la población palestina.
Estas violaciones 'están interrelacionadas y forman parte de una pauta general de infracciones caracterizadas principalmente por la negación del derecho de autodeterminación y la discriminación sistemática contra el pueblo palestino, algo que ocurre a diario'.
'En cumplimiento del artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra, Israel debe poner fin a todas las actividades de asentamiento sin condiciones previas', manifestó la presidenta de la comisión internacional, la francesa Christine Chanet.
La comisión presentó sus primeras conclusiones dos días después de que Israel decidiera no someterse a su examen periódico ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en protesta precisamente contra la creación de este grupo internacional de juristas.
El informe señala que desde 1967 los Gobiernos israelíes 'han dirigido abiertamente, han participado y han tenido un control pleno sobre la planificación, construcción, desarrollo, consolidación y promoción de los asentamientos' en territorio palestino. Esos asentamientos, señala el documento, se crearon 'para el exclusivo beneficio de los israelíes judíos', y se mantienen y se desarrollan 'a través de un sistema de segregación total entre los colonos y el resto de la población de los territorios ocupados'.
RENDICIÓN DE CUENTAS
'Llamamos al Gobierno de Israel a que garantice que habrá una plena rendición de cuentas por todas las violaciones, a que ponga fin a la política de impunidad y a que garantice la justicia para las víctimas', dijo la paquistaní Asma Jahangir, miembro del grupo.
La tercera miembro de la comisión, la botsuanesa Unity Dow, declaró que 'la motivación que existe detrás de la violencia y la intimidación contra los palestinos y sus propiedad es forzar a las poblaciones locales a que dejen sus tierras, permitiendo la extensión de los asentamientos', agregó la jurista africana.
Las conclusiones de la comisión, que no recibió el permiso israelí para visitar los asentamientos, se presentarán ante la próxima sesión plenaria del Consejo de Derechos Humanos, que se celebrará del 25 de febrero al 22 de marzo.
'En cumplimiento del artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra, Israel debe poner fin a todas las actividades de asentamiento sin condiciones previas', manifestó la presidenta de la comisión internacional, la francesa Christine Chanet.
La comisión presentó sus primeras conclusiones dos días después de que Israel decidiera no someterse a su examen periódico ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en protesta precisamente contra la creación de este grupo internacional de juristas.
El informe señala que desde 1967 los Gobiernos israelíes 'han dirigido abiertamente, han participado y han tenido un control pleno sobre la planificación, construcción, desarrollo, consolidación y promoción de los asentamientos' en territorio palestino. Esos asentamientos, señala el documento, se crearon 'para el exclusivo beneficio de los israelíes judíos', y se mantienen y se desarrollan 'a través de un sistema de segregación total entre los colonos y el resto de la población de los territorios ocupados'.
RENDICIÓN DE CUENTAS
'Llamamos al Gobierno de Israel a que garantice que habrá una plena rendición de cuentas por todas las violaciones, a que ponga fin a la política de impunidad y a que garantice la justicia para las víctimas', dijo la paquistaní Asma Jahangir, miembro del grupo.
La tercera miembro de la comisión, la botsuanesa Unity Dow, declaró que 'la motivación que existe detrás de la violencia y la intimidación contra los palestinos y sus propiedad es forzar a las poblaciones locales a que dejen sus tierras, permitiendo la extensión de los asentamientos', agregó la jurista africana.
Las conclusiones de la comisión, que no recibió el permiso israelí para visitar los asentamientos, se presentarán ante la próxima sesión plenaria del Consejo de Derechos Humanos, que se celebrará del 25 de febrero al 22 de marzo.
