El Gobierno británico dio a conocer ayer el mayor programa de austeridad en décadas, destinado a atajar el mayor déficit estructural de Europa, pero que tendrá como precio la supresión de casi medio millón de puestos de trabajo en el sector público. En una declaración en la Cámara de los Comunes del Parlamento, el ministro británico de Economía, George Osborne, se marcó la fecha de 2015 para controlar las finanzas públicas y reducir la deuda del país, sin perjudicar sectores vitales como la sanidad, la educación y la cooperación internacional.
Osborne aseguró que confía en atajar la deuda a fin de reducir los intereses que se pagan por ella, que estimó en 120 millones de libras (unos 136 millones de euros) diarios y 43.000 millones de libras (unos 49 millones de euros) al año. En cuanto a los empleos públicos, Osborne confirmó que la llamada Oficina de Responsabilidad Presupuestaria ha estimado en 490.000 los puestos que pueden eliminarse en los próximos cuatro años. 'Parte de esto -dijo- se hará a través de cambios naturales, pues que habrá puestos que no serán sustituidos cuando quede una vacante'. 'Pero habrá algunos despidos, es inevitable cuando el país se quedó sin dinero. Nos sentimos responsables por cada individuo que trabaja para el Gobierno y siempre haremos todo lo que podamos para ayudarle a encontrar otro trabajo', agregó.
PRIVATIZACIONES
El portavoz de Economía del Partido Laborista, Alan Johnson, calificó las controvertidas medidas como 'una apuesta irresponsable con la vida de las personas' y advirtió de que éstas pueden socavar la frágil recuperación económica. En su opinión, más allá de querer disminuir el déficit, los conservadores persiguen con sus recortes un 'objetivo ideológico', reducir el tamaño del Estado y las prestaciones públicas en favor de un sistema más neoliberal.
Entre las medidas anunciadas se incluye la reducción de un 4 por ciento en la financiación de la Policía, mientras que se impondrá un gravamen bancario permanente y la edad de jubilación pasará de los 65 a los 66 en 2020.
PRIVATIZACIONES
El portavoz de Economía del Partido Laborista, Alan Johnson, calificó las controvertidas medidas como 'una apuesta irresponsable con la vida de las personas' y advirtió de que éstas pueden socavar la frágil recuperación económica. En su opinión, más allá de querer disminuir el déficit, los conservadores persiguen con sus recortes un 'objetivo ideológico', reducir el tamaño del Estado y las prestaciones públicas en favor de un sistema más neoliberal.
Entre las medidas anunciadas se incluye la reducción de un 4 por ciento en la financiación de la Policía, mientras que se impondrá un gravamen bancario permanente y la edad de jubilación pasará de los 65 a los 66 en 2020.
