El Gobierno suizo publicó hoy la lista de veinte personas de nacionalidad ucraniana, entre ellas el depuesto presidente Víctor Yanukóvitch, su hijo Aleksander y otras personas de su entorno político, a las que se les congelarán los bienes que puedan tener en Suiza.
El Ejecutivo helvético ya anunció ayer esta medida, que entra en vigor hoy mismo, desde el momento de su publicación.
En esa lista también están incluidos el que era primer ministro hasta la caída de Yanukóvitch, Serguéi Arbúzov; y su predecesor en el cargo Mikola Azárov.
Figuran además los antiguos ministros de Salud, Raisa Bogatyrova; de Finanzas, Yuriy Kolobov; de Infraestructuras, Volodymyr Kozak; de Justicia, Olena Lukash; de Agricultura, Mykola Prysyazhnyuk; de Interior; Vitaly Zakarchenko; de Hacienda, Aleksander Klymenko; y de Energía, Eduard Stavytsky.
También están el que fue ministro de Infraestructuras durante la Eurocopa de 2012, Boris Kolesnikov; el antiguo gobernador de la provincia de Járkov, Mijail Dobkin; el alcalde la ciudad homónima, Hannady Kernes; el antiguo jefe del gabinete presidencial, Andrey Kluev; o el parlamentario Yuri Ivanyusenko, próximo a Yanukóvitch.
Completan la lista el ex fiscal general, Viktor Pshonka, y el jefe del grupo político del Partido de la Regiones, Aleksander Yefremov.
Según la ordenanza publicada hoy, las autoridades suizas procederán a congelar todos los bienes y recursos económicos a nombre de esas personas, que incluyen activos financieros como depósitos bancarios, cheques, letras de cambio, títulos de deuda, obligaciones, derivados o dividendos.
El Ejecutivo suizo ha adoptado está determinación por iniciativa propia, no a petición del gobierno interino de Ucrania, y que "tiene derecho a tomar medidas preventivas semejantes en situaciones específicas, como casos de agitación política", explicó ayer a EFE el portavoz del Departamento Federal de Asuntos Exteriores, Pierre-Alain Eltschinger.
"Lo hace con el fin de preservar los activos que pueden haber sido adquiridos y depositados en Suiza ilegalmente y para evitar que sean trasladados a otra parte", aclaró.
De esta manera, Suiza colabora con las autoridades judiciales de otros países para que puedan iniciar un proceso penal si fuera preciso.
Sin embargo, aclaró que las autoridades judiciales competentes del país en cuestión -en este caso Ucrania- son las "responsables de llevar a cabo los procedimientos necesarios para demostrar el origen ilícito de los bienes congelados".
