Asegura que hay fechas "alteradas" en los datos enviados al juez y culpa al Concello de Carballiño
Contratación de un chófer, "sin más" según el fiscal y el juez instructor, el 30 de abril de 1999; en realidad, dice Pachi Vázquez, eso no era más que una renovación pues el primer contrato se firmó el 1-8-1997, previas pruebas de selección, informes de secretaría e intervención y disponibilidad de partida presupuestaria correspondiente. O la contratación de una limpiadora "sin más", el 1-1-2000, cuando, asegura nuevamente Vázquez, la formalización del primer contrato se produjo un año antes, tras la petición de personal al Inem, la participación en el proceso selectivo de 29 personas y las pruebas correspondientes; todo, dice, de acuerdo con la legislación laboral de entonces.
Así hasta 21 casos, los que, a modo de ejemplo, y con documentación en la mano, expuso el parlamentario socialista por Ourense, Pachi Vázquez, para intentar demostrar que el Concello de O Carballiño "ocultó" información al fiscal y al juez instructor del caso en el que está procesado por un delito continuado de prevaricación administrativa.
Pachi Vázquez compareció ayer en la sede socialista de Ourense, con documentación bajo el brazo que incorporará a su recurso contra el auto de procesamiento y que llevará al interrogatorio del 3 de febrero, para señalar que hay en el Concello documentación que avalaría la legalidad de las 36 contrataciones cuestionadas por el Tribunal Superior y que son la causa del procesamiento del parlamentario. Pero, sobre todo, asegura, y de ahí su larga exposición de casos, que las fechas de las contrataciones han sido "alteradas"; es decir, se habrían enviado al TSXG las renovaciones en lugar de los contratos iniciales, por lo que la documentación sería mínima al no incorporar la vida laboral del trabajador y, además, apunta que, si fuesen remitidos los primeros contratos, en algunos casos ya hubiera prescrito la irregularidad, si la hubiere.
“Voy avisando"
El parlamentario no quiere señalar "culpables" pero apunta directamente al Concello de O Carballiño, el encargado de remitir a la Fiscalía y al juez la documentación que éstos le habían pedido y que "ocultó todo". Él se siente una "víctima" que tiene que buscar pruebas para demostrar su "inocencia". Porque, asegura, toda la documentación que exhibió y otra que falta está en el Concello de Carballiño, señalando que también tiene fotografías del lugar exacto donde se encuentra. "Se me está juzgando porque no encuentran pruebas, no porque haya irregularidades", añadía ayer, cargando en todo momento contra el Concello de carballiñés, hasta el punto de que "alguien va a tener que explicar por qué no se entregó todo esto en el Juzgado, ya voy avisando".
Él dice que la información le fue aportada desde el archivo y el Concello, pero también de forma anónima; y demuestra, asegura, la legalidad de los contratos. De otro modo, "la Xunta no nos pagaría los que hicimos al amparo del Plan Labora o para la creación del Grumir". "¿Y si no llego a encontrar esta documentación?", se preguntaba ayer, al tiempo que advertía que él puede que tenga un "problema", pero "el Concello de O Carballiño también y ha metido en un problema a la Fiscalía y al Tribunal Superior".
Por ello, rechazó, a preguntas de los medios de comunicación, que vaya a renunciar a su escaño de parlamentario cuando tiene pruebas de su inocencia: ¿Sería justo que lo hiciera ahora?, sólo estoy siendo una víctima de, al menos, un malentendido de una dimensión que no es normal".
