Las contrataciones realizadas por Pachi Vázquez durante su etapa como alcalde de Carballiño (1995-2005) se enjuiciarán en el Penal. Pero el hoy edil de Espazo Común en ese Concello no estará solo en el banquillo sino también Alfonso Prado, exconcejal de Personal (1995-2007), el exregidor Carlos Montes (2005-2011), José Antonio Barge -edil de Personal entre 2007 y 2011- y Elisa Domínguez, quien ostentó la Concejalía de Asuntos Sociales, fue teniente de alcalde e incluso como alcaldesa en funciones (1995-2007). La fiscal reclama penas de inhabilitación para todos ellos: 10 años para Vázquez, Prado y Montes. Nueve para Barge y ocho años y nueve meses para Domínguez.
Todos ellos, según sostiene la acusación pública, en ejercicio de sus cargos "suscribieron en sus respectivos mandatos sucesivos un gran número de contrataciones de personal laboral de duración determinada para el desempeño de labores de competencia municipal, afectando a 60 trabajadores".
La mayoría de los contratos con una duración determinada y prorrogados devinieron en contrataciones indefinidas. Unas veces por acuerdo de la Inspección de Trabajo, otras por resolución judicial, previa demanda del trabajador ante los juzgados de los social, y en otras ocasiones el alcalde dictaba un decreto en el que se reconocía el carácter indefinido.
"Los contratos de duración determinada fueron realizados por los investigados en representación del Concello de Carballiño con ausencia total del procedimiento existente a tal fin o sin atender en dicho procedimiento a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que deben inspirar la contratación pública", asegura la fiscal.
Añade que, entre otras, se omitieron las normas de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local; la Ley 30/84 de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Ley 7/07 del Estatuto Básico del empleado público, Real Decreto 364/95 que aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración del Estado, además del Real Decreto 781/96 por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local así como el Estatuto de Trabajadores en materia de contratos de duración determinada.
Por su parte, los inculpados sostuvieron durante la instrucción del procedimiento, que comenzó en 2014 a raíz de una querella del entonces fiscal jefe, Florentino Delgado, que existieron procedimientos de selección, con los expedientes dispersos en diversas dependencias municipales.
