El letrado Carlos Hernández afirmó que el informe que le pidieron era sobre la legalidad de las licencias y dijo que no le constaba que hubiera reticencias de los técnicos municipales para realizarlo.
El abogado Carlos Hernández, que ayer compareció en calidad de imputado ante el juez que investiga presuntas irregularidades en la plaza de San Antonio por ser autor de un informe que avaló la legalización de la plaza. Según reconoció, la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, acudió a él para "salvar" la complicada situación en la que se encontraba esa zona de la ciudad, bajo amenaza de derribo. Negó, no obstante, haber hecho el informe "a la carta" y aseguró que planteó un nuevo incidente de inejecución de la sentencia que abocaba al derribo porque, a su juicio, el planteamiento de los técnicos municipales era "equivocado".
El letrado afirmó que el informe que le pidieron era sobre la legalidad de las licencias y dijo que no le constaba que hubiera reticencias de los técnicos municipales para realizarlo.
Indemnización
Además, declaró como testigo el que fuera coordinador de Urbanismo, Cándido Ortells, autor del informe por el que se indemnizó con 358.000 euros a la denunciante. El técnico reconoció no haber inspeccionado la vivienda de la afectada ni comprobado su antigüedad y que calculó la indemnización en base a su experiencia y el conocimiento del mercado, teniendo en cuenta la pérdida de luminosidad, daños morales y la depreciación. Un hermano de la denunciante declaró en el juzgado no conocer la indemnización a pesar de ser copropietario de la vivienda.
