Quieren reunirse con el conselleiro para frenar el proyecto de trazado

Afectados del enlace de la A-52 miran a la Xunta

Los asistentes a la reunión se fotografiaron fuera del local social, ayer por la tarde. (Foto: JOSÉ PAZ)
La Plataforma de afectados por el enlace de la A-52 con el Polígono de San Cibrao contemplado en el plan sectorial diseñado por la Xunta pedirán una reunión con representantes de la Consellería de Medio Ambiente con el objetivo de conocer si serán admitidas sus alegaciones. Dependiendo del resultado de este encuentro, si finalmente se produce, la plataforma volverá a reunirse el 26 de mayo para abordar las siguientes actuaciones a realizar.
Esta es la principal conclusión del encuentro que mantuvieron ayer los afectados en el local social de Peipaz, en la parroquia de Noalla. Un lugar para el que el alcalde de San Cibrao, Manuel Pedro Fernández, puso condiciones a su utilización, que quedó supeditada a que no accediesen los medios de comunicación. Por ello, las imágenes de la reunión fueron tomadas en el exterior del local.


LOS RECIBOS DE IBI

Además de la decisión de solicitar una reunión con la Xunta, los afectados también abordaron las irregularidades que varios de ellos han percibido en el recibo del IBI. Según se puso de manifiesto en el encuentro, a algunos propietarios -muchos de ellos, coincidentes con los afectados por el trazado propuesto- que habían pagado el impuesto de sus fincas como urbanas, en esta ocasión le constaron como rústicas.

Por ello, la decisión adoptada al respecto es la de contrastar lo sucedido en el Concello, aunque la explicación recibida por uno de los presentes es que se habían producido cambios en la legislación.

Por último, en la reunión también se explicó el encuentro mantenido ya con la asociación de empresarios del polígono y con el Concello. Lo que tiene claro la plataforma es que no se oponen a que haya un enlace directo entre la autovía y el parque empresarial, pero son partidarios de un trazado más rápido y directo que el contemplado en el Plan Sectorial, que tiene en cuenta una hipotética conexión con el Val da Rabeda, un proyecto empresarial aparcado por la Xunta.

Según sus cálculos, el enlace proyectado significaría el derribo de tres casas, mientras otra veintena se vería afectada. Además, algunos pueblos quedarían divididos por esta infraestructura.

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