El alcalde de Ourense, Agustín Fernández, mostró ayer su 'absoluto desacordo' con la decisión de la empresa adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio de plantear un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaría a 40 trabajadoras. El regidor socialista reconoció, tal y como dice la empresa, que se han reducido las horas de prestación del servicio, una circunstancia que atribuyó a que 'coa crise, moita xente é atendida na casa e non solicita o servizo'.
Sin embargo, Fernández sostiene que 'é difícil de entender' la medida propuesta por FSS (Fomento de Servicios Sociosanitarios), en cuanto a que plantee un ERE de 40 personas -de una plantilla de 133- mientras que 'a redución do número de horas non chega ó 10%', por lo que el número de empleadas afectadas 'é unha porcentaxe moi superior a ese 10%'. Por otro lado, el presupuesto que el Concello destina a este servicio se ha mantenido y se sitúa en torno a los tres millones de euros anuales.
El regidor quiso 'garantir que o Concello seguirá prestando o servizo coa máxima calidade, como se vén facendo ata o de agora'.
La adjudicataria planteó el ERE en el servicio unos días después de que el Concello decidiese no resolver el contrato, tal y como había solicitado el pasado verano la unión temporal de empresas formada por FCC y Corporación LS), alegando ya entonces que la reducción del número de horas que presta el servicio lo convierte en menos rentable. Según expone la empresa en la memoria del ERE, la adjudicataria 'depende actualmente de las aportaciones económicas de los socios para cumplir sus obligaciones' ante lo que, aseguran, es una constante reducción de los ingresos desde principios de año.
El servicio es también objeto de una comisión de investigación por parte de los grupos políticos municipales, que pretenden concluir si se ajusta a los pliegos de condiciones por el que se le adjudicó a la firma la concesión. Mientras, la anterior adjudicataria es objeto de una investigación judicial.
El regidor quiso 'garantir que o Concello seguirá prestando o servizo coa máxima calidade, como se vén facendo ata o de agora'.
La adjudicataria planteó el ERE en el servicio unos días después de que el Concello decidiese no resolver el contrato, tal y como había solicitado el pasado verano la unión temporal de empresas formada por FCC y Corporación LS), alegando ya entonces que la reducción del número de horas que presta el servicio lo convierte en menos rentable. Según expone la empresa en la memoria del ERE, la adjudicataria 'depende actualmente de las aportaciones económicas de los socios para cumplir sus obligaciones' ante lo que, aseguran, es una constante reducción de los ingresos desde principios de año.
El servicio es también objeto de una comisión de investigación por parte de los grupos políticos municipales, que pretenden concluir si se ajusta a los pliegos de condiciones por el que se le adjudicó a la firma la concesión. Mientras, la anterior adjudicataria es objeto de una investigación judicial.
