Llevó la voz cantante antes, durante y después del jueves de la pasada semana. Antonio Piña Alonso, natural de Tui (Pontevedra), es el Juez decano de Ourense, y alerta de los intentos continuos de influir y desprestigiar la Justicia por parte de los políticos. Asimismo, admite que los jueces sufren un enorme desgaste social por culpa de la politización a la que está expuesto el Consejo General del Poder Judicial.
¿Por qué han tardado tantos años los jueces en descubrir que podían ir a la huelga?
Influyen varios factores. Uno es el caso Mariluz. Nos dimos cuenta que estábamos trabajando por encima del límite de casos que puedes afrontar, asumiendo una responsabilidad que te sobrepasaba y no controlabas. En cualquier incidente, la sociedad te hace culpable, y el poder político también. Por otra parte, ha habido un rejuvenecimiento de la carrera, con mucha gente joven y muchas mujeres, y los jueces son más contestatarios y menos conformistas con esta situación.
Hablaron ustedes de que se socavaba su independencia.
Yo cuando dicto una sentencia no puedo poner algo que de verdad que no piense en conciencia que es lo que tengo que poner. Bien, pues las reformas que se han venido realizando, pretenden socavar nuestra cuota de independencia, sí. Por ejemplo, con las funciones que les atribuyen ahora los secretarios, que en determinado escalafón dependen de la Xunta. Ahora son ellos quienes pueden decir que este asunto tiene más importancia que otro, o que una querella contra un político pueda tramitarse antes o después. Esto, que antes era una labor judicial, ha dejado de serlo.
Hay quien considera que la huelga responde a un intento de desgaste del Gobierno.
No, lo descarto absolutamente. Una asociación defiende su profesión, y para hacerlo, se precisa que el Parlamento adopte las medidas correctas. Tienes que apoyarte en los grupos parlamentarios, y evidentemente las propuestas de la APM las recoge más el PP que el PSOE. Por eso se le atribuye un carácter conservador.
En la situación que vive la Justicia, ¿cabe autocrítica?
Sí, cabe, desde luego. La carrera judicial es un modelo muy jerarquizado, donde la mayor parte del trabajo está en la base. A medida que se progresa se trabaja de modo distinto. Hemos sufrido un desgaste muy grande por culpa del CGPJ, y la politización que viene derivada de la incidencia que este órgano tiene en las decisiones de nombramientos de jueces. La gente ha identificado la politización el CGPJ con nosotros. Si a eso le pone que nuestra estructura es la misma desde hace un siglo, todo ello lleva a una situación que explota.
¿Advierte un cuestionamiento de la solvencia del poder judicial por el político?
En todos los países de ámbito europeo se está produciendo un ataque tremendo a la independencia judicial por parte de las fuerzas políticas. Los partidos quieren incidir en la Justicia. Por no hablar del Ministerio Fiscal, absolutamente dependiente del Gobierno. Ahora bien, los jueces de a pie, son otra cosa. A mí jamás me ha llamado un político.
Pero es el contacto con ellos es habitual.
Es lo que sucede en el caso Franciso Camps. Es evidente que nosotros mantenemos relación con la Xunta de Galicia, por razones de mejoras en los medios de la justicia. Se coincide con los políticos en los actos oficiales. Yo he saludado al actual alcalde, como al anterior. Y al anterior lo he juzgado varias veces, dándole la razón unas veces y otras quitándosela. Una cosa es el contacto, y otra que éste perturbe la independencia.
También hay un intento de desprestigio, no sólo de influencia.
Estoy de acuerdo. Mire el caso Mariluz: nunca se habló de los medios con los que contaba el juzgado. Se habló del juez.
Y el caso Gürtel...
Bueno, ahí están tirando con artillería pesada. Son casos que nos afectan mucho a nivel de prestigio. En vez de discutir si está bien o mal el sumario, tiran contra los jueces. Llevan tiempo.
En relación a las necesidades de la Justicia en Ourense, ¿cuál es la situación a día de hoy?
Tenemos problemas propios. Hemos demandado el Juzgado de violencia de género, porque tenemos el juzgado número 3 en un estado de colapso. Se alcanzó un pacto en el Parlamento para crearlo en julio de 2010, y llegará julio y no lo crearán. Tam bién tenemos la promesa para disponer de un nuevo edificio judicial. Pero yo hasta que no vea la primera piedra colocada, y la segunda y la tercera no me lo creo. También demandamos un juzgado de vigilancia penitenciaria. Asimismo, los juzgados de lo social están desbordados.
Son muchos déficits.
Nosotros nos sentimos siempre perjudicados, porque tienden a primar a las provincias costeras, que tienen más población, aunque a veces no tienen las mismas necesidades. Considero incomprensible que Pontevedra tenga tres juzgados de lo mercantil y Ourense no tenga ni uno.
A raíz de las modificaciones del Código Penal, ¿se ha incrementado la entrada de asuntos en la jurisdicción penal?
Es que no se puede hacer una modificación legislativa sin acompañarla de un informe económico. Modifican la Ley de Tráfico y no prevén la repercusión que puede tener en los juzgados de instrucción y de lo penal. ¿Qué ha provocado? Que los juzgados de los penal tengan 1.400 ejecuciones pendientes. ¿Cómo solucionarlo? Se han dotado los juzgados de más funcionarios, y aún así esa no es una solución. Este problema se está generando en toda España. Pero pasan cosas más raras: la Ley de seguridad vial preveía trabajos en beneficio de la comunidad, y tardaron cuatro o cinco meses en implantarlos.
La espera es una pandemia de la Justicia.
La jurisdicción civil también tiene retrasos. Y sobre todo en los supuestos de mercantil, juzgados de concursos, quiebras... Se tarda años en resolver. No podemos estar sin un juzgado de lo mercantil, definitivamente. Lo han puesto de manifiesto abogados, jueces, economistas, y no se creerá. ¿Esto qué genera? Entre otras cosas, que las empresas dispuestas a instalarse en un territorio, miran el tiempo que tardan en recobrar las deudas.
Influyen varios factores. Uno es el caso Mariluz. Nos dimos cuenta que estábamos trabajando por encima del límite de casos que puedes afrontar, asumiendo una responsabilidad que te sobrepasaba y no controlabas. En cualquier incidente, la sociedad te hace culpable, y el poder político también. Por otra parte, ha habido un rejuvenecimiento de la carrera, con mucha gente joven y muchas mujeres, y los jueces son más contestatarios y menos conformistas con esta situación.
Hablaron ustedes de que se socavaba su independencia.
Yo cuando dicto una sentencia no puedo poner algo que de verdad que no piense en conciencia que es lo que tengo que poner. Bien, pues las reformas que se han venido realizando, pretenden socavar nuestra cuota de independencia, sí. Por ejemplo, con las funciones que les atribuyen ahora los secretarios, que en determinado escalafón dependen de la Xunta. Ahora son ellos quienes pueden decir que este asunto tiene más importancia que otro, o que una querella contra un político pueda tramitarse antes o después. Esto, que antes era una labor judicial, ha dejado de serlo.
Hay quien considera que la huelga responde a un intento de desgaste del Gobierno.
No, lo descarto absolutamente. Una asociación defiende su profesión, y para hacerlo, se precisa que el Parlamento adopte las medidas correctas. Tienes que apoyarte en los grupos parlamentarios, y evidentemente las propuestas de la APM las recoge más el PP que el PSOE. Por eso se le atribuye un carácter conservador.
En la situación que vive la Justicia, ¿cabe autocrítica?
Sí, cabe, desde luego. La carrera judicial es un modelo muy jerarquizado, donde la mayor parte del trabajo está en la base. A medida que se progresa se trabaja de modo distinto. Hemos sufrido un desgaste muy grande por culpa del CGPJ, y la politización que viene derivada de la incidencia que este órgano tiene en las decisiones de nombramientos de jueces. La gente ha identificado la politización el CGPJ con nosotros. Si a eso le pone que nuestra estructura es la misma desde hace un siglo, todo ello lleva a una situación que explota.
¿Advierte un cuestionamiento de la solvencia del poder judicial por el político?
En todos los países de ámbito europeo se está produciendo un ataque tremendo a la independencia judicial por parte de las fuerzas políticas. Los partidos quieren incidir en la Justicia. Por no hablar del Ministerio Fiscal, absolutamente dependiente del Gobierno. Ahora bien, los jueces de a pie, son otra cosa. A mí jamás me ha llamado un político.
Pero es el contacto con ellos es habitual.
Es lo que sucede en el caso Franciso Camps. Es evidente que nosotros mantenemos relación con la Xunta de Galicia, por razones de mejoras en los medios de la justicia. Se coincide con los políticos en los actos oficiales. Yo he saludado al actual alcalde, como al anterior. Y al anterior lo he juzgado varias veces, dándole la razón unas veces y otras quitándosela. Una cosa es el contacto, y otra que éste perturbe la independencia.
También hay un intento de desprestigio, no sólo de influencia.
Estoy de acuerdo. Mire el caso Mariluz: nunca se habló de los medios con los que contaba el juzgado. Se habló del juez.
Y el caso Gürtel...
Bueno, ahí están tirando con artillería pesada. Son casos que nos afectan mucho a nivel de prestigio. En vez de discutir si está bien o mal el sumario, tiran contra los jueces. Llevan tiempo.
En relación a las necesidades de la Justicia en Ourense, ¿cuál es la situación a día de hoy?
Tenemos problemas propios. Hemos demandado el Juzgado de violencia de género, porque tenemos el juzgado número 3 en un estado de colapso. Se alcanzó un pacto en el Parlamento para crearlo en julio de 2010, y llegará julio y no lo crearán. Tam bién tenemos la promesa para disponer de un nuevo edificio judicial. Pero yo hasta que no vea la primera piedra colocada, y la segunda y la tercera no me lo creo. También demandamos un juzgado de vigilancia penitenciaria. Asimismo, los juzgados de lo social están desbordados.
Son muchos déficits.
Nosotros nos sentimos siempre perjudicados, porque tienden a primar a las provincias costeras, que tienen más población, aunque a veces no tienen las mismas necesidades. Considero incomprensible que Pontevedra tenga tres juzgados de lo mercantil y Ourense no tenga ni uno.
A raíz de las modificaciones del Código Penal, ¿se ha incrementado la entrada de asuntos en la jurisdicción penal?
Es que no se puede hacer una modificación legislativa sin acompañarla de un informe económico. Modifican la Ley de Tráfico y no prevén la repercusión que puede tener en los juzgados de instrucción y de lo penal. ¿Qué ha provocado? Que los juzgados de los penal tengan 1.400 ejecuciones pendientes. ¿Cómo solucionarlo? Se han dotado los juzgados de más funcionarios, y aún así esa no es una solución. Este problema se está generando en toda España. Pero pasan cosas más raras: la Ley de seguridad vial preveía trabajos en beneficio de la comunidad, y tardaron cuatro o cinco meses en implantarlos.
La espera es una pandemia de la Justicia.
La jurisdicción civil también tiene retrasos. Y sobre todo en los supuestos de mercantil, juzgados de concursos, quiebras... Se tarda años en resolver. No podemos estar sin un juzgado de lo mercantil, definitivamente. Lo han puesto de manifiesto abogados, jueces, economistas, y no se creerá. ¿Esto qué genera? Entre otras cosas, que las empresas dispuestas a instalarse en un territorio, miran el tiempo que tardan en recobrar las deudas.
