El Colegio Oficial de Procuradores ha remitido un escrito a la Dirección Xeral de Xustiza quejándose de la falta de atención y el tono desconsiderado e insultante de tres funcionarios de dos juzgados ourensanos. La Xunta podría abrir una investigación sobre este tema.
En el Pazo de Xustiza se vive estos días una situación que no es, ni mucho menos, habitual: un colegio profesional -el de los Procuradores- ha remitido una queja a la directora xeral de Xustiza, Begoña Santos, sobre la atención que estos profesionales reciben de tres funcionarios (dos hombres y una mujer), dos del Juzgado de Instrucción número 3 y otro más del Juzgado de Primera Instancia número .
3 Los motivos de la queja alegados en el escrito, enviado con fecha de 23 de abril, se refieren al tono desconsiderado, insultante, prepotente y elevado de uno de estos trabajadores; al mal tono y displicente de otro, y a la dejadez a la hora de llevar asuntos y falta de atención a los profesionales de otro de los protagonistas de la queja.
El escrito de los procuradores, como cualquier otro de estas características, desemboca en la apertura de diligencias informa tivas por parte de la Xunta para averiguar la veracidad de estas protestas y del comportamiento que se le atribuye a los funcionarios. Tras realizarse este trámite sería cuando se podría abrir, si así se considerase oportuno, un expediente disciplinario que podría acarrear la suspensión o el traslado forzoso de los funcionarios, en función de la consideración de la gravedad de los hechos. Las quejas ciudadanas no son frecuentes, pero aún lo son menos las suscritas por un Colegio profesional.
3 Los motivos de la queja alegados en el escrito, enviado con fecha de 23 de abril, se refieren al tono desconsiderado, insultante, prepotente y elevado de uno de estos trabajadores; al mal tono y displicente de otro, y a la dejadez a la hora de llevar asuntos y falta de atención a los profesionales de otro de los protagonistas de la queja.
El escrito de los procuradores, como cualquier otro de estas características, desemboca en la apertura de diligencias informa tivas por parte de la Xunta para averiguar la veracidad de estas protestas y del comportamiento que se le atribuye a los funcionarios. Tras realizarse este trámite sería cuando se podría abrir, si así se considerase oportuno, un expediente disciplinario que podría acarrear la suspensión o el traslado forzoso de los funcionarios, en función de la consideración de la gravedad de los hechos. Las quejas ciudadanas no son frecuentes, pero aún lo son menos las suscritas por un Colegio profesional.
