El interventor lo acusa de no cumplir un artículo de la Constitución por no sumar esta cifra a los 224.000 euros que abonará

El Concello deberá pagar 44.000 euros más en intereses por urbanizar A Farixa

Parcela de A Farixa en la que Eroski comenzó las obras de urbanización. (Foto: JOSÉ PAZ)
El Concello tendrá que pagar 43.960 euros de recargo e intereses por no haber abonado desde octubre de 2009 los 224.160 euros que tenía que aportar para la urbanización del área de A Farixa donde Eroski planea su centro comercial y en la que la institución municipal tiene parcelas de más de 22.600 metros cuadrados. Precisamente, el impago de esta cantidad fue uno de los motivos esgrimidos por la empresa el pasado mayo para paralizar las obras, que estaba costeando prácticamente en solitario (otro pequeño propietario también había abonado su parte).
A pesar de que los propios estatutos de la junta de compensación establecen que pasado un mes de la notificación de la cuota de contribución se incurre en un recargo del 10% (24.718 euros) y en intereses de demora (19.241 euros), el gobierno municipal únicamente modificará crédito para este concepto por valor de 224.160 euros. Así lo dictaminó ayer la comisión de pleno -el PP reservó su voto para la sesión plenaria y Democracia Ourensana no asistió-, en una reunión marcada por la tensión, después de que este punto se presentara a la oposición para su debate por la vía de urgencia.


LOS INFORMES

De esta forma, se desoye el informe jurídico que avala el pago de la demora y el de la Intervención municipal, que considera que no incluir en la partida los 43.960 euros de recargo e intereses sería una 'actuación administrativa arbitraria que bate frontalmente coa interdición da arbitrariedade dos poderes públicos, que sanciona o artigo 9.3 da Constitución'. El interventor, Gonzalo Alonso, critica, además, que el Concello tenga que pagar 43.960 euros atribuibles a 'un funcionamiento anormal ou deficiente da xestión administrativa'.

El informe de la Intervención es favorable al reconocimiento de la deuda que se eleva al próximo pleno para aprobación, aunque manifiesta que la propuesta de resolución que se formula 'non acolle o recoñecemento de tódalas obrigas esixibles que derivan do expediente administrativo (el recargo y los intereses)'. Una situación que, según el interventor, Gonzalo Alonso, 'ben podería constituir unha actuación arbitraria do Concello de Ourense sancionada polo artigo 9.3 da Constitución'. Este artículo garantiza la interdicción (prohibición) de la arbitrariedad de los poderes públicos.

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