El acceso a la Justicia gratuita a través de un letrado de oficio, un derecho básico que reconoce la Constitución a los ciudadanos con recursos limitados, podría estar más controlado de prosperar un nuevo reglamento que ultima la Xunta, que prevé una mayor inspección sobre las condiciones exigidas para acceder a este servicio.
Así lo entienden los colectivos de profesionales, tanto de procuradores como de abogados de Ourense, que hacen referencia a que 'vienen tiempos malos' y a que la Administración 'quiere tener un control más exhaustivo sobre quienes pueden acceder o no' a la Justicia gratuita. Precisamente, con este fin, la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza remitió un borrador-decreto a todos los colegios de abogados, para que lo estudien y puedan presentar alegaciones durante un plazo de 15 días hábiles (a partir del 1 de este mes).
Fuentes de la propia Xunta precisaron que 'redundará en un maior beneficio porque controlará que, efectivamente, quen accede á xustiza gratuíta é porque o necesita'. No obstante, más escépticos se muestran los profesionales del Derecho.
Deste el Colexio de Avogados de Ourense indican que el 'verdadero problema de fondo no se solventará y que ocasionará más trastornos burocráticos a los letrados para justificar las asistencias gratuitas que hagan'. En este sentido, precisan que si un detenido es asistido de urgencia por un profesional del turno de oficio y luego se le deniega la Justicia gratuita al beneficiario (la resolución tarda hasta un mes), es el letrado el que tiene que reclamar los honorarios que le corresponden, algo que seguirá ocurriendo.
Fuentes del Colegio de Procuradores de Ourense indican que, en un contexto en el que la crisis ha disparado los procesos judiciales -hasta un 30% más- y la capacidad adquisitiva de la ciudadanía ha menguado, 'la Administración tiende a un mayor control del servicio'. Para ello, matizan, 'se pretende no sólo controlar el gasto entre los beneficiarios de la Justicia gratuita, sino en el propio colectivo de profesionales, con un endurecimiento de los trámites burocráticos para justificar y pagar los servicios'.
Fuentes de la propia Xunta precisaron que 'redundará en un maior beneficio porque controlará que, efectivamente, quen accede á xustiza gratuíta é porque o necesita'. No obstante, más escépticos se muestran los profesionales del Derecho.
Deste el Colexio de Avogados de Ourense indican que el 'verdadero problema de fondo no se solventará y que ocasionará más trastornos burocráticos a los letrados para justificar las asistencias gratuitas que hagan'. En este sentido, precisan que si un detenido es asistido de urgencia por un profesional del turno de oficio y luego se le deniega la Justicia gratuita al beneficiario (la resolución tarda hasta un mes), es el letrado el que tiene que reclamar los honorarios que le corresponden, algo que seguirá ocurriendo.
Fuentes del Colegio de Procuradores de Ourense indican que, en un contexto en el que la crisis ha disparado los procesos judiciales -hasta un 30% más- y la capacidad adquisitiva de la ciudadanía ha menguado, 'la Administración tiende a un mayor control del servicio'. Para ello, matizan, 'se pretende no sólo controlar el gasto entre los beneficiarios de la Justicia gratuita, sino en el propio colectivo de profesionales, con un endurecimiento de los trámites burocráticos para justificar y pagar los servicios'.
