La presentación de la memoria de actividades de la subdelegación ourensana del Instituto de Medicina Legal de Galicia, constata que cada vez son más las pruebas de capacitación psiquiátrica que se demandan, y que siguen incrementándose las denuncias de violencia de género. Pero por debajo de las cifras, hay una institución desbordada que ha visto cómo en veinte años su carga de trabajo es cincuenta veces mayor, si bien los medios no se han incrementado un grado alguno. ¿Razones? Falta de presupuesto.
Pasaron veinte años y la subdelegación en Ourense del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) sigue haciendo frente a la carga laboral con los mismos siete forenses de entonces. La salvedad es que ahora, según lamentó el director, Julio Jiménez, el trabajo es cincuenta veces superior al de entonces. Aumentaron los juzgados, se sumaron más jueces, se incrementaron los fiscales, pero el Imelga no ha variado, sigue con lo puesto el primer día.
La más lamentable consecuencia es la merma en la calidad de los resultados que ofrecen todas aquellas pruebas que el instituto debe acometer, y que cada vez son demandadas desde más frentes y bajo más variables: Valoraciones de daños personales, determinaciones de edades, violencia de género, incapacidades e imputabilidades psiquiátricas, valoración de dogradicciones, patologías forenses, internamientos, asesoría y asistencia a juicios orales, formación del personal, según enumeró Jiménez durante la presentación de la memoria de 2008. En estas dos décadas, el director ha llamado a las puertas de la administración de justicia, pero siempre ha encontrado la misma respuesta: no hay presupuesto.
Falta de medios, falta de personal, y exceso de burocracia que ralentiza el acceso a los medios disponibles, añadió.
En cualquier caso, con los medios disponibles, el Imelga practicó 3.548 valoraciones de daños corporales. En el capítulo del área psiquiátrica, se cuentan 657 pruebas, de las que aproximadamente la mitad estuvieron destinadas a determinar incapacidades, una cifra elevadísima, de las que el 98% se resolvieron positivamente, afectando casi siempre a personas mayores.
La memoria constata un incremento del 40% de los reconocimientos por denuncias de violencia de género (296), así como del 16% en las muertes violentas (153). Jiménez llamó la atención acerca de las 19 agresiones sexuales investigadas, ya que una parte afectaban a menores de entre cuatro y cinco años, con padres divorciados, y que no obstante no se confirmaron. El mismo resultado se derivó cuando rastrearon denuncias por la administración de sustancias para anular la voluntad y la memoria de las agredidas.
Habría que evitar judicializar la muerte
Las 169 salidas para asistir a levantamientos de cadáveres constituyen uno más de los factores que cargan la capacidad de trabajo del Imelga, y que a juicio de Julio Jiménez no evidencian sino una excesiva judicialización de la muerte que habría que tratar de evitar. Si bien hay médicos, indicó, partidarios de autopsiarlo todo, mi criterio es que en muchas ocasiones la familia bastante tiene con la pérdida de un familiar como para acentuar su sufrimiento.
Jiménez puso el acento, como uno de los capítulos que de un tiempo a hoy lastran la diligencia del instituto, en la alta demanda de análisis psico-sociales, tales como pruebas de capacitación en divorcios o demencias, o declaraciones de veracidad en agresiones sexuales, entre otros.
Alerta ante el atropello de mayores
Las carreteras ourensanas dejaron el pasado año 37 muertes por accidentes de tráfico, de un total de 253 que hubo en todo Galicia. Cinco de los fallecidos conducían motocicletas, 16 manejaban un turismo y nueve viajaban como ocupantes. Los siete fallecimientos restantes se corresponden con otros tantos atropellos, cuyo análisis convierte a las personas mayores en un grupo de riesgo cuando se echan a andar por las carreteras de la provincia. Los fallecidos tenían 15, 81,70,63,75, 83 y 78 años.
El análisis aún más detallado de la memoria permite desmentir determinadas creencias, señaló Julio Jiménez, al ser agosto, junto con septiembre, el mes con menos muertes por accidente, uno. Marzo y Julio se cobraron seis, por delante de abril, octubre y diciembre con cuatro.
Las muertes violentas, ya en otro capítulo, se produjeron en 110 casos por casuísticas accidentales, en 43 por suicidios, y en uno por homicidio.
El crimen de Taboadela está pendiente de nuevas pruebas
Preguntado por el caso de la muerte por arma de fuego de un matrimonio de Taboadela el 25 de abril pasado, el director de la subdelegación del Imelga señaló que actualmente se está a la espera de recibir más resultados sobre distintas investigaciones biológicas y criminalísticas. Se trata de pruebas, señaló, que por ahora todavía están sin terminar. Al respecto de una de las personas que está siendo investigada por las fuerzas de seguridad en relación a este crimen, y que es uno de los hijos de los víctimas, Julio Jiménez reveló que desde el Imelga no se le ha practicado ningún tipo de actuación forense.
La más lamentable consecuencia es la merma en la calidad de los resultados que ofrecen todas aquellas pruebas que el instituto debe acometer, y que cada vez son demandadas desde más frentes y bajo más variables: Valoraciones de daños personales, determinaciones de edades, violencia de género, incapacidades e imputabilidades psiquiátricas, valoración de dogradicciones, patologías forenses, internamientos, asesoría y asistencia a juicios orales, formación del personal, según enumeró Jiménez durante la presentación de la memoria de 2008. En estas dos décadas, el director ha llamado a las puertas de la administración de justicia, pero siempre ha encontrado la misma respuesta: no hay presupuesto.
Falta de medios, falta de personal, y exceso de burocracia que ralentiza el acceso a los medios disponibles, añadió.
En cualquier caso, con los medios disponibles, el Imelga practicó 3.548 valoraciones de daños corporales. En el capítulo del área psiquiátrica, se cuentan 657 pruebas, de las que aproximadamente la mitad estuvieron destinadas a determinar incapacidades, una cifra elevadísima, de las que el 98% se resolvieron positivamente, afectando casi siempre a personas mayores.
La memoria constata un incremento del 40% de los reconocimientos por denuncias de violencia de género (296), así como del 16% en las muertes violentas (153). Jiménez llamó la atención acerca de las 19 agresiones sexuales investigadas, ya que una parte afectaban a menores de entre cuatro y cinco años, con padres divorciados, y que no obstante no se confirmaron. El mismo resultado se derivó cuando rastrearon denuncias por la administración de sustancias para anular la voluntad y la memoria de las agredidas.
Habría que evitar judicializar la muerte
Las 169 salidas para asistir a levantamientos de cadáveres constituyen uno más de los factores que cargan la capacidad de trabajo del Imelga, y que a juicio de Julio Jiménez no evidencian sino una excesiva judicialización de la muerte que habría que tratar de evitar. Si bien hay médicos, indicó, partidarios de autopsiarlo todo, mi criterio es que en muchas ocasiones la familia bastante tiene con la pérdida de un familiar como para acentuar su sufrimiento.
Jiménez puso el acento, como uno de los capítulos que de un tiempo a hoy lastran la diligencia del instituto, en la alta demanda de análisis psico-sociales, tales como pruebas de capacitación en divorcios o demencias, o declaraciones de veracidad en agresiones sexuales, entre otros.
Alerta ante el atropello de mayores
Las carreteras ourensanas dejaron el pasado año 37 muertes por accidentes de tráfico, de un total de 253 que hubo en todo Galicia. Cinco de los fallecidos conducían motocicletas, 16 manejaban un turismo y nueve viajaban como ocupantes. Los siete fallecimientos restantes se corresponden con otros tantos atropellos, cuyo análisis convierte a las personas mayores en un grupo de riesgo cuando se echan a andar por las carreteras de la provincia. Los fallecidos tenían 15, 81,70,63,75, 83 y 78 años.
El análisis aún más detallado de la memoria permite desmentir determinadas creencias, señaló Julio Jiménez, al ser agosto, junto con septiembre, el mes con menos muertes por accidente, uno. Marzo y Julio se cobraron seis, por delante de abril, octubre y diciembre con cuatro.
Las muertes violentas, ya en otro capítulo, se produjeron en 110 casos por casuísticas accidentales, en 43 por suicidios, y en uno por homicidio.
El crimen de Taboadela está pendiente de nuevas pruebas
Preguntado por el caso de la muerte por arma de fuego de un matrimonio de Taboadela el 25 de abril pasado, el director de la subdelegación del Imelga señaló que actualmente se está a la espera de recibir más resultados sobre distintas investigaciones biológicas y criminalísticas. Se trata de pruebas, señaló, que por ahora todavía están sin terminar. Al respecto de una de las personas que está siendo investigada por las fuerzas de seguridad en relación a este crimen, y que es uno de los hijos de los víctimas, Julio Jiménez reveló que desde el Imelga no se le ha practicado ningún tipo de actuación forense.
