El letrado del despacho Ferro Abogados Fernando Blanco será el encargado de inaugurar el jueves el Foro La Región que abordará los problemas que está generando la Ley de Contratos del Sector Público.
El letrado del despacho Ferro Abogados Fernando Blanco será el encargado de inaugurar el jueves el Foro La Región que abordará los problemas que está generando la Ley de Contratos del Sector Público.
Las quejas se suceden por los efectos de la nueva ley. ¿Es habitual que esto se produzca?
Es un cambio que viene dado por directrices de Europa en materia de transparencia, pero la transposición legal fue muy ambigua, hay serias dudas de interpretación y está afectando sobre todo a las entidades locales.
¿Fue la tramitación demasiado atropellada?
Sí, sigo la línea de los expertos. Nos ha cogido el toro y cuestiones que hubiese sido interesante resolverlas de forma definitiva, se buscó algo rápido y por lo que parece, de una gran ambigüedad.
¿Se legisla para las grandes
administraciones y se olvida la realidad como la que tenemos en Ourense o Galicia?
De hecho, hay administraciones locales que ya están planteando dudas a las juntas consultivas de contratación administrativa por los pequeños ayuntamientos, a los que la mala redacción de contratos menores está determinando cuestiones de pura paralización. Hay empresas que no se presentan, la contratación para temas de funcionamiento ordinario va a ser por la vía de licitar. Es buena la transparencia, pero es una norma que pretendiendo fomentar la libertad de competencia, va a producir un efecto perverso en lo económico.
¿Estamos preparados para una administración electrónica?
Afortunadamente van contando con apoyo de asesorías, pero en la práctica es posible que haya problemas. En empresas grandes no pasará nada, pero las pymes necesitarán un período de adaptación que será, en muchos casos, complicado.
¿Se está judicializando?
Claro, sobre todo porque es una materia con mucho interés económico. No es bueno estar pendiente de la litigiosidad a largo plazo, pero está claro que con la ambigüedad y a falta de criterios serán los tribunales los que decidirán.
¿Es habitual que pase esto con las leyes?
Cuanto mejor redactada esté desde el punto de vista técnico-jurídica, hay menos litigiosidad. Con normas que van a requerir una interpretación, es lógico el debate jurisdiccional. Pero no es bueno en un sector como el de la contratación pública.
Mueve mucho negocio.
Supone un perjuicio económico a un sector con un porcentaje muy elevado respecto al PIB.
¿Hay mucho interés?
Sí, las administraciones tienen auténticos problemas de interpretación y acuden a preguntar, hay muchas dudas. Hay preocupación de los actores económicos.
