SECTOR DEL AUTOMóVIL

La Guardia Civil registró 75 talleres piratas en 2014

Dibujo
photo_camera Sede de la Asociación de Talleres de Ourense, en O Cumial.

El sector acumuló 84 denuncias por intrusismo hasta mayo pasado

Los agentes de la Guardia Civil localizaron 75 talleres de automoción fraudulentos durante el pasado año 2014 en la provincia de Ourense, según datos suministrados por el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva Álvarez, a la Federación Gallega de Talleres de Reparación de Vehículos. Estos datos revelan que en el resto de provincias gallegas se detectaron otros 409 talleres piratas (229 en A Coruña, 47 en Lugo y 133 en Pontevedra), sumando en el total de Galicia 484 casos de talleres que realizaban sus servicios de forma clandestina.

Desde la Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos de Ourense (Atave) se felicitan por las actuaciones realizadas y recuerdan que hace meses que trasladaron a diversas instancias y organismos competentes su preocupación por la proliferación del intrusismo que está sufriendo el sector, llegando a sumar 84 denuncias en la provincia hasta mayo. Desde Atave reconocen que "es un problema antiguo, pero que con la crisis se agudizó", y que, junto a la disminución del trabajo debido al bajón del poder adquisitivo de la ciudadanía, "se incrementaron los ilegales de una manera alarmante", según explica el presidente de la asociación, Manuel Álvarez Gil.

Los responsables de la asociación reconocen que la Guardia Civil "hace lo que puede con las leyes que existen" y agradecen su colaboración y la de la Policía Autonómica, y recuerdan que el intrusismo que denuncian es una acción "lesiva no solo para nuestro colectivo, que no puede competir con los ilegales en precio", abocando al sector a la destrucción de empleo e incluso al cierre de algunas empresas, sino también "para los intereses generales de todos, por el incumplimiento sistemático de las obligaciones fiscales y sociales, contaminación ambiental y los peligros para la seguridad vial", según subraya el presidente de Atave.

Manuel Álvarez considera que los poderes públicos deberían implicarse más, "dando a la Guardia Civil y demás cuerpos de seguridad del Estado y otros organismos implicados (Medio Ambiente, Industria, Trabajo), las herramientas para que puedan combatir estas prácticas fraudulentas".

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