'É innecesario aprobar un plano de axuste a pesares de presentar a 31 de marzo obrigas pendentes de pagamento con data de rexistro anterior ó 1 de xaneiro de 2012 por estimar que esta circunstancia responde a cuestións procedimentais máis que a dificultades de orde económico'. Así concluye el informe del interventor del Concello de Ourense, Gonzalo Alonso, sobre la posibilidad de que la institución local tuviese que aprobar un plan de ajuste.
Según este informe, la certificación de obligaciones pendientes de pago del Concello de facturas recibidas antes del pasado 1 de enero era de 2.079.306 euros, de los que la mitad (1.082.033 euros) todavía no se había abonado en la fecha de realización del documento, el pasado 30 de marzo. Sin embargo, a juicio del interventor, 'o Concello amosa na actualidade unha óptima situación de tesourería', con excedentes de liquidez por un total de 15 millones de euros, a lo que hay que añadir que las previsiones de ingresos tributarios hacen pensar en que 'non semella en perigo a consecución do obxectivo de estabilidade orzamentaria'.
'IGNORANCIA OU MALA FE'
El informe del interventor fue dado a conocer ayer por el gobierno municipal después de que la pasada semana el PP asegurase que habían ocultado facturas por más de dos millones de euros. Por ello, el concejal de Economía, Agustín Fernández, acusó ayer al grupo político popular de 'ignorancia ou mala fe', resaltando que 'o informe certifica obrigas por importe dun millón de euros na data na que se recibiu' y el no tener que acudir a un plan de ajuste implica, a su juicio, 'a nosa liquidez financieira e confirma a ausencia de gasto ou incrementos tributarios na metade do exercicio'.
Así, el grupo municipal del PP basaba su argumento en que el gobierno local aprobó en sendas juntas de gobierno facturas por más de dos millones de euros que no habían sido tenidas en cuenta a la hora de realizar el informe. Sin embargo, desde Economía se ha explicado que esas facturas fueron recibidas con posterioridad al 1 de enero de este año y, por lo tanto, no cumplen ese requisito establecido por el decreto estatal, que tenía como objetivo suscribir una operación de endeudamiento para que las entidades paguen a sus proveedores.
'IGNORANCIA OU MALA FE'
El informe del interventor fue dado a conocer ayer por el gobierno municipal después de que la pasada semana el PP asegurase que habían ocultado facturas por más de dos millones de euros. Por ello, el concejal de Economía, Agustín Fernández, acusó ayer al grupo político popular de 'ignorancia ou mala fe', resaltando que 'o informe certifica obrigas por importe dun millón de euros na data na que se recibiu' y el no tener que acudir a un plan de ajuste implica, a su juicio, 'a nosa liquidez financieira e confirma a ausencia de gasto ou incrementos tributarios na metade do exercicio'.
Así, el grupo municipal del PP basaba su argumento en que el gobierno local aprobó en sendas juntas de gobierno facturas por más de dos millones de euros que no habían sido tenidas en cuenta a la hora de realizar el informe. Sin embargo, desde Economía se ha explicado que esas facturas fueron recibidas con posterioridad al 1 de enero de este año y, por lo tanto, no cumplen ese requisito establecido por el decreto estatal, que tenía como objetivo suscribir una operación de endeudamiento para que las entidades paguen a sus proveedores.
