Declarará como imputado a petición de la fiscal para aclarar la desaparición en dos fechas distintas
El titular del Juzgado de Instrucción 1 tomará declaración como investigado en los próximos días al responsable del armero de la Comisaría de As Lagoas, E.A.V., en relación con la desaparición de seis pistolas (tres reglamentarias y tres de particulares) del búnker en donde se custodiaban. La citación, a petición del ministerio fiscal, obedece, según fuentes cercanas al caso, a la necesidad de aclarar cuándo y en qué circunstancias detectó que faltaban armas en distintas fechas: el 18 de agosto de 2014, antes de irse de vacaciones, y en febrero de 2015. Tres de ellas aparecieron el 9 de abril de 2016 en un despacho de la quinta planta en donde un policía supuestamente se quitó la vida con una de ellas.
Pese a que este especialista adscrito al servicio de armamento y tiro desde marzo de 1989 ya declaró en este procedimiento como testigo, hay datos sobre los que debe arrojar luz, en tanto que es el máximo responsable del búnker. En un principio, el juez instructor sólo tiene pensado citar a este policía como imputado, aunque queda a expensas de lo que declare.
Hasta finales de agosto, el juez mantenía como investigados en este proceso a los 16 imputados de la operación Zamburiña contra el tráfico de drogas y la corrupción policial, pero en un auto del 1 de septiembre acordó el sobreseimiento con respecto a los mismos porque, según dice, "no hay ninguna razón, tras las investigaciones practicadas, que lleven a pensar que alguna de dichas personas tuvo intervención en la sustracción investigada". El magistrado -añade- tiene en cuenta "que parte de dichas armas de fuego aparecieron en la propia comisaría tras la muerte de un agente".
La inspección ocular en la estancia destinada a armero, que contaba con varias medidas de seguridad, no detectó signos de fuerza. La primera vez que se detectó la falta de las pistolas se atribuyó a un posible error o descuido en la gestión ya que se trataba de armas antiguas. Se instaló un sistema de grabación continua con cámara de seguridad y se cambiaron cerraduras, entre otras medidas.
Por todos estos hechos, se incoó una información reservada -paralizada mientras esté en marcha la investigación judicial- para determinar si el armero actuó de forma negligente y cabe la adopción de alguna medida disciplinaria.
El anónimo se anticipó
El anónimo que recibió en noviembre de 2014 Asuntos Internos y que alertaba de un entramado de corrupción policial que desembocó en la operación Zamburiña señalaba al gestor del armero y al exinspector del grupo de drogas como responsables del hurto de las pistolas. No obstante, la posterior investigación judicial desacreditó el contenido del anónimo. De hecho, esa misiva señalaba que el inspector imputado en la Zamburiña había vendido por 500 euros una de las armas, algo que el juez instructor descartó por completo al apearlo de las diligencias previas.
Un dato curioso es que ese anónimo hacía referencia a la desaparición de pistolas de la marca HK cuando en ese momento aún no se había detectado ni denunciado.
De hecho, el responsable del búnker se percató de la segunda falta de armas en un recuento rutinario realizado el 18 de febrero de 2015: tres pistolas HK, modelo USP Compact del calibre 9 mm Parabellum (las de dotación reglamentaria de la Policía Nacional).
Los propios investigadores policiales no tienen claro que hubiera dos sustracciones distintas.
