La jueza instructora de la Operación Pokemon, Pilar de Lara, ha aplazado la vista convocada para designar a un administrador judicial para Vendex, según informó el abogado que representa los intereses de este grupo empresarial, porque otra sociedad, competencia directa en su ámbito de negocio, se ha personado como acusación particular.
'Hoy hemos comparecido porque estamos citados para una vista sobre la posibilidad de nombrar un administrador judicial para la empresa. Se me ha avisado de que se suspendía la comparecencia porque se ha personado otra sociedad en la acusación particular', explicó el abogado José Luis Arribas.
A su juicio, al ser la otra sociedad 'de la competencia', la finalidad de su presencia en la causa es 'interesada y un tanto espuria', pero como 'no ha podido ser citada', la jueza optó por aplazar la vista.
'Ninguna de esas medidas, ni la de la administración ni la de la intervención, puede ser legalmente tomada en el presente caso. En su momento, ya razonaremos por qué. Creo que los hechos se están sobredimensionando. No tienen gravedad para que pueda haber una medida de tanta trascendencia', dijo el letrado.
En la misma línea, José Luis Arribas afirmó que 'la solvencia de Vendex no está en riesgo' y recordó que 'en realidad es un conjunto de distintas sociedades', de modo que 'no podrían verse afectadas más sociedades, en todo caso, que las que estén relacionadas con los hechos que se investigan aquí en Galicia'.
'La solvencia de Vendex es importante', añadió, porque es 'un grupo muy consolidado', con más de cuarenta años de experiencia en su sector de actividad, pero aún así reconoció que 'si se aplicasen esas medidas' sería como imponer 'una pena de muerte civil anticipada, y eso es imposible'.
Desde su punto de vista, 'la ley dice que se podrá tomar cualquier medida si hay que garantizar los derechos de los trabajadores y los acreedores', pero 'la pura verdad es que si dicta una medida de intervención y administración, lo que va a ocurrir es que no se garantizarán, sino que se buscará el hundimiento de las empresas'.
Opina que 'eso es lo que busca' la otra sociedad del mismo sector que se ha personado en el proceso, porque 'los últimos concursos de adjudicación los ha perdido', pero 'porque sus ofertas eran mucho peores, o más elevadas o con menos prestaciones'.
Por otra parte, dijo que 'si esto se compara con otros casos que se están tramitando a lo largo del territorio nacional', se puede apreciar que 'nadie está en prisión'.
De hecho, el abogado hizo referencia 'a la propia situación del señor Urdangarín, que cuantitativamente es mucho elevada que lo que aquí se está discutiendo'.
'Ese hombre, Urdangarín, está en libertad y mi cliente -el propietario del grupo Vendex, Gervasio Rolando Rodríguez Acosta- está en prisión. No quiero yo decir con esto que el señor Urdangarín tenga que estar en prisión, sino que mi cliente tiene que estar en libertad, al igual que él lo está', precisó el letrado.
En la misma línea, el responsable de la defensa de Rodríguez Acosta recordó que el día 28 de septiembre interpuso un recurso de apelación contra el auto de prisión, pero 'a pesar de la celeridad de la jueza en otras tramitaciones, han pasado diez días' y ese escrito aún no ha llegado a la Audiencia Provincial, 'a pesar de que la ley dice que esos recursos hay que tramitarlos de forma preferente'.
'Esto me llena de confusión y a mi cliente de perturbación, porque probablemente cuanto antes vaya ese asunto a la Audiencia, si como yo entiendo la Audiencia va a revocar la decisión de la jueza y lo va a poner en libertad, son días que está cumpliendo en exceso', lamentó el abogado defensor.
En todo caso, el abogado se mostró dispuesto a recurrir a otros 'remedios legales', como dirigirse 'a otras instancias', para que 'se le pida a la juez que cumpla con su obligación legal, que es dar curso a ese recurso'.
A su juicio, al ser la otra sociedad 'de la competencia', la finalidad de su presencia en la causa es 'interesada y un tanto espuria', pero como 'no ha podido ser citada', la jueza optó por aplazar la vista.
'Ninguna de esas medidas, ni la de la administración ni la de la intervención, puede ser legalmente tomada en el presente caso. En su momento, ya razonaremos por qué. Creo que los hechos se están sobredimensionando. No tienen gravedad para que pueda haber una medida de tanta trascendencia', dijo el letrado.
En la misma línea, José Luis Arribas afirmó que 'la solvencia de Vendex no está en riesgo' y recordó que 'en realidad es un conjunto de distintas sociedades', de modo que 'no podrían verse afectadas más sociedades, en todo caso, que las que estén relacionadas con los hechos que se investigan aquí en Galicia'.
'La solvencia de Vendex es importante', añadió, porque es 'un grupo muy consolidado', con más de cuarenta años de experiencia en su sector de actividad, pero aún así reconoció que 'si se aplicasen esas medidas' sería como imponer 'una pena de muerte civil anticipada, y eso es imposible'.
Desde su punto de vista, 'la ley dice que se podrá tomar cualquier medida si hay que garantizar los derechos de los trabajadores y los acreedores', pero 'la pura verdad es que si dicta una medida de intervención y administración, lo que va a ocurrir es que no se garantizarán, sino que se buscará el hundimiento de las empresas'.
Opina que 'eso es lo que busca' la otra sociedad del mismo sector que se ha personado en el proceso, porque 'los últimos concursos de adjudicación los ha perdido', pero 'porque sus ofertas eran mucho peores, o más elevadas o con menos prestaciones'.
Por otra parte, dijo que 'si esto se compara con otros casos que se están tramitando a lo largo del territorio nacional', se puede apreciar que 'nadie está en prisión'.
De hecho, el abogado hizo referencia 'a la propia situación del señor Urdangarín, que cuantitativamente es mucho elevada que lo que aquí se está discutiendo'.
'Ese hombre, Urdangarín, está en libertad y mi cliente -el propietario del grupo Vendex, Gervasio Rolando Rodríguez Acosta- está en prisión. No quiero yo decir con esto que el señor Urdangarín tenga que estar en prisión, sino que mi cliente tiene que estar en libertad, al igual que él lo está', precisó el letrado.
En la misma línea, el responsable de la defensa de Rodríguez Acosta recordó que el día 28 de septiembre interpuso un recurso de apelación contra el auto de prisión, pero 'a pesar de la celeridad de la jueza en otras tramitaciones, han pasado diez días' y ese escrito aún no ha llegado a la Audiencia Provincial, 'a pesar de que la ley dice que esos recursos hay que tramitarlos de forma preferente'.
'Esto me llena de confusión y a mi cliente de perturbación, porque probablemente cuanto antes vaya ese asunto a la Audiencia, si como yo entiendo la Audiencia va a revocar la decisión de la jueza y lo va a poner en libertad, son días que está cumpliendo en exceso', lamentó el abogado defensor.
En todo caso, el abogado se mostró dispuesto a recurrir a otros 'remedios legales', como dirigirse 'a otras instancias', para que 'se le pida a la juez que cumpla con su obligación legal, que es dar curso a ese recurso'.
