La desaparición de armas en 2014 y un anónimo posterior llevaron a la detención de cuatro agentes y la muerte de otro
La muerte de un policía en su despacho de la quinta planta de la Comisaría de As Lagoas, en Ourense, hace algo más de una semana amplió el foco sobre una institución sumida en una profunda crisis desde el verano de 2014, fecha en la que desaparecieron cuatro pistolas y dos revólveres del armero, un espacio blindado y, sólo en teoría, bien custodiado. Desde entonces, las cosas nunca han vuelto a ser lo que parecen en el Cuerpo Nacional de Policía de Ourense. Ahora, hasta tres juzgados de instrucción investigan la situación, que se complicó, y cómo, en el tiempo transcurrido.
A mediados de noviembre de ese año, la historia añadía una nuevo capítulo, pero a kilómetros de distancia. La unidad de Asuntos Internos en Madrid recibía el día 11 un extenso anónimo dando cuenta de una supuesta trama de corrupción policial en Ourense. El relato de hechos incriminaba hasta a 10 agentes, nueve adscritos al Grupo Operativo de Respuesta (GOR) y al responsable del servicio de armamento y tiro.
En síntesis, el comunicante aludía a que los policías corruptos actuaban como un grupo paralelo de investigación en asuntos de tráfico de drogas y delincuencia especializada al margen de cualquier control, aunque con la aquiescencia de sus superiores. Pero también que amenazaban y coaccionaban a distribuidores y consumidores de droga para quedarse con parte de la mercancía, así como acuerdos para eliminar a la competencia y colocar en el mercado a quienes ellos estimasen conveniente.
La nota también recogía que habían desaparecido seis armas (el encargado del búnker sólo se percató de tres y no fue hasta febrero de 2015, medio año después, cuando detectó que faltaban otras tantas) para ser vendidas a 500 euros la unidad por los policías "descarriados". En ese momento, cuando el escándalo saltó a los medios de comunicación, Asuntos Internos acudió a Ourense e inició una investigación con seguimientos y pinchazos telefónicos Esas pesquisas culminaron en noviembre del pasado año con la llamada operación Zamburiña y un revuelo: 15 investigados, entre ellos cuatro policías, además de la aprehensión -a presuntos narcos también apresados- de 5,3 kilos de cocaína, 1,9 de heroína y 1,2 de hachís.
Instrucción 1
El juez de Instrucción 1, Leonardo Álvarez, los imputó por, supuestamente, formar parte de una trama en la que los policías investigados colaboraban y daban cobertura a traficantes, principalmente a Josefa P.G., alias la Pucha. Si bien, los agentes sostienen que su actuación se circunscribía al mero trato con confidentes para obtener información.
Casi dos años después del robo de armas, un apreciado y respetado policía, Celso Blanco (48 años), aseguraba en un e-mail enviado a escogidos compañeros que había sido él quien había sustraído las armas y la persona que había alertado a Asuntos Internos y a la prensa sobre las corruptelas. Pedía perdón por el daño infligido y se quitaba la vida con una de las pistolas robadas, dejando a la vista otras dos. Nada se sabe, por ahora, de las otras tres armas que faltan.
Instrucción 3
El suicidio del policía hizo entrar en escenario al juzgado que aún no conocía ningún asunto relacionado con los embrollos de las fuerzas de seguridad en Ourense. La jueza de instrucción 3, Eva Armesto, que estaba de guardia el día de su muerte, decretó el secreto de sumario por las insólitas circunstancias que rodearon al fallecimiento: muerte violenta, autoinculpación, precedentes, sin olvidar que la víctima no figuraba entre los sospechosos de los investigadores.
Pero, sin duda, el juzgado que mejor conoce todo el entramado es Instrucción 1, el mismo que el 5 de septiembre de 2004 abría las diligencias 3470/2014 a instancias de la Policía Judicial (UDEV) por un delito de robo con fuerza en las cosas (tres armas cortas), si bien le dio carpetazo de inmediato. En base a la información policial, no se descartaba que estuvieran extraviadas (error en la tramitación documental o archivo).
No fue hasta el 5 de marzo de 2015 cuando abrió de nuevo esas diligencias en base al atestado de Asuntos Internos. Esta unidad presentó un cóctel con la desaparición de armas y el tráfico de drogas en base al comunicante anónimo, del que entendía no desvelase su identidad "por razones de seguridad propia y de su familia". No obstante, el juez de la operación Zamburiña decidía el pasado mes desgajar las drogas de la s pistolas al quedar acreditado que no estaban relacionados, enviando los 14 tomos de la trama al decanato para su reparto, si bien antes debe resolver varias peticiones de nulidad de actuaciones por parte de los letrados de algunos de los imputados. Este incidente está sobre la mesa de la fiscal para su estudio, según confirmó el pasado jueves.
Instrucción 2
Al mismo tiempo, el Juzgado de Instrucción 2 tramita la denuncia de los responsables policiales por las supuestas calumnias e injurias vertidas en el anónimo enviado a la prensa en febrero de 2015 (se decía que una de la armas robadas había sido utilizado en el atraco que le costó la vida a una policía en Vigo el 28 de noviembre de 2014). El titular, Luis Doval, planteó una cuestión de competencia, que debe resolver la Audiencia provincial por falta de acuerdo entre los magistrados de instrucción. Considera que esas diligencias competen al juez que lleva la desaparición de las armas, el punto de origen.
Así pues, los tres juzgados de instrucción que hay en la ciudad tienen sobre la mesa algún procedimiento penal derivado de escándalos en la comisaría. Y todos gravitan en torno a aquel robo denunciado el 18 de agosto de 2014.
