La plaza de San Antonio no logra salir del juzgado. Después de que un auto del Tribunal Superior de Xustiza acordarse la inejecución de la sentencia que ordenaba derribarla junto a los edificios y de que el Concello de Ourense llegase a un acuerdo económico de 358.000 euros con la denunciante, ahora es un recurso contra el acuerdo de la junta de gobierno que concedió, en diciembre de 2007, las licencias de obra, ocupación, usos y actividad al aparcamiento lo que tendrá que tendrá que dirimir la Justicia.
Así, el recurso solicita que 'se condene al Concello a que proceda a impedir definitivamente la ocupación, el uso y la actividad de parking (220 plazas, incluidas las de particulares) que actualmente se realiza en el subsuelo de dominio público de la plaza'. Según la demanda, los permisos que se concedieron en su día para sustentar la inejecución de la demolición de la plaza 'legalizan la construcción, ocupación y utilización privada de un subsuelo público', por lo que entiende que el estacionamiento tendría que salir a concurso para que los interesados pudieran optar a su gestión.
NOTIFICACIÓN
Así las cosas, la demanda se está notificando estos días a alrededor de un centenar de vecinos que, según el demandante, poseen plazas de aparcamiento en la plaza, puesto que los garajes de los edificios se encuentran en uno de los sótanos del estacionamiento. Algunos de ellos se han mostrado muy sorprendidos porque consideraban que los problemas judiciales de la plaza estaban ya resueltos. Por su parte, la empresa que explota el aparcamiento y el Concello también han presentado ya sus argumentos en el juzgado.
Este nuevo proceso reabre los conflictos judiciales en la plaza, sobre la que pesó -aunque en aquel caso afectaba también a los edificios- una orden de demolición, que finalmente no se produjo al acordar el Tribunal Superior de Xustiza la inejecutabilidad de la sentencia, precisamente por existir las licencias ahora recurridas. Además, el Concello llegó en su día a un acuerdo con la vecina que había denunciado la ilegalidad de la urbanización, concediéndole una indemnización de 358.000 euros. Aquel convenio establecía el desistimiento de cualquier acción judicial con respecto a este ámbito, motivo por el que la denunciante retiró el recurso que había iniciado contra las licencias del parking.
NOTIFICACIÓN
Así las cosas, la demanda se está notificando estos días a alrededor de un centenar de vecinos que, según el demandante, poseen plazas de aparcamiento en la plaza, puesto que los garajes de los edificios se encuentran en uno de los sótanos del estacionamiento. Algunos de ellos se han mostrado muy sorprendidos porque consideraban que los problemas judiciales de la plaza estaban ya resueltos. Por su parte, la empresa que explota el aparcamiento y el Concello también han presentado ya sus argumentos en el juzgado.
Este nuevo proceso reabre los conflictos judiciales en la plaza, sobre la que pesó -aunque en aquel caso afectaba también a los edificios- una orden de demolición, que finalmente no se produjo al acordar el Tribunal Superior de Xustiza la inejecutabilidad de la sentencia, precisamente por existir las licencias ahora recurridas. Además, el Concello llegó en su día a un acuerdo con la vecina que había denunciado la ilegalidad de la urbanización, concediéndole una indemnización de 358.000 euros. Aquel convenio establecía el desistimiento de cualquier acción judicial con respecto a este ámbito, motivo por el que la denunciante retiró el recurso que había iniciado contra las licencias del parking.
