La orden de la gerente de gestión integrada del sistema sanitario público ourensano, Eloína Núñez, restringiendo la presencia y las opiniones de los profesionales en los medios de comunicación, 'va contra el derecho a la libre expresión de los individuos' y eso es así 'con independencia del lugar en el que se encuentren los profesionales'.
Por ello, el Colegio Oficial de Médicos de Ourense ofrece cobertura legal a todo colegiado que se vea afectado por esta medida o mermada su 'libertad como individuo'. Esas valoraciones forman parte de la opinión que el órgano colegial de los médicos -que encargó un informe jurídico al respecto- hizo pública ayer, después de que Eloína Núñez remitiese una circular de régimen interno a los jefes de servicio de los hospitales y centros de salud según la cual, los profesionales están obligados a pedirle autorización antes de intervenir o hablar sobre asuntos sanitarios si lo hacen en horario laboral o ello requiere que se ausenten de su puesto de trabajo; pero que también exige que comuniquen al gabinete de comunicación de la gerencia su intervención o presencia en esos medios aunque lo hagan fuera de la jornada de trabajo, cuando vayan a referirse sobre proyectos o programas relacionados con la sanidad.
El Colegio Médico, que preside Pedro Trillo, esgrime el Convenio europeo de derechos humanos y la jurisprudencia español en esta polémica y no oculta, pues, su malestar por ese escrito, porque 'no se atiene ni a la legalidad, que la trasciende, ni al simple sentido común'.
Los médicos dicen compartir, que la gerente vigile la ausencia del puesto de trabajo y que sea preceptiva la autorización del jefe de servicio en este caso; incluso entienden que no se puedan realizar fotografías o grabar imágenes sin permiso de la dirección -otra norma que aparece en la orden de Eloína Núñez- pero, recalcan, 'ello nada tiene que ver con la expresión de las ideas u opiniones de los profesionales sanitarios a los medios de comunicación'.
Califican el escrito remitido la semana pasada como una 'señal equivocada y negativa' para la necesaria 'colaboración entre los profesionales de la sanidad pública y sus gestores', máxime, recuerda, cuando corren 'tiempos críticos' para el sistema nacional de salud.
El Colegio se escuda en todo momento en el informe de su gabinete jurídico, que defiende la intervención de los profesionales en la prensa (salvo que sea sobre datos protegidos o historiales clínicos) incluso para denunciar irregularidades de la administración porque, a la postre, ello redundará en una mejora de la calidad asistencial.
La gerente -cuya actitud es calificada como 'desconfiada y autoritaria' por los médicos- volvió a justificarse ayer con el mismo comunicado que la semana pasada, y asegurando nuevamente que no pretende coartar las labores sindicales o de control de la asistencia sanitaria.
DERECHOS HUMANOS
Mientras, el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia instó a Núñez, a retirar la orden firmada el pasado 22 de enero y agregó que los derechos y deberes de los trabajadores fuera de su ámbito físico y temporal de trabajo, de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, incluyen la libertad de expresión 'para todas las personas para pronunciarse sobre cuanta cuestión consideren'.
También terció en el conflicto Alternativa Galega de Esquerda, para cuestionar la 'intimidación' del Sergas a los profesionales sanitarios. La diputada Eva Solla calificó de 'intolerable' la medida porque, además, 'vai contra o dereito á liberdade de expresión contido na Constitución'.
El Colegio Médico, que preside Pedro Trillo, esgrime el Convenio europeo de derechos humanos y la jurisprudencia español en esta polémica y no oculta, pues, su malestar por ese escrito, porque 'no se atiene ni a la legalidad, que la trasciende, ni al simple sentido común'.
Los médicos dicen compartir, que la gerente vigile la ausencia del puesto de trabajo y que sea preceptiva la autorización del jefe de servicio en este caso; incluso entienden que no se puedan realizar fotografías o grabar imágenes sin permiso de la dirección -otra norma que aparece en la orden de Eloína Núñez- pero, recalcan, 'ello nada tiene que ver con la expresión de las ideas u opiniones de los profesionales sanitarios a los medios de comunicación'.
Califican el escrito remitido la semana pasada como una 'señal equivocada y negativa' para la necesaria 'colaboración entre los profesionales de la sanidad pública y sus gestores', máxime, recuerda, cuando corren 'tiempos críticos' para el sistema nacional de salud.
El Colegio se escuda en todo momento en el informe de su gabinete jurídico, que defiende la intervención de los profesionales en la prensa (salvo que sea sobre datos protegidos o historiales clínicos) incluso para denunciar irregularidades de la administración porque, a la postre, ello redundará en una mejora de la calidad asistencial.
La gerente -cuya actitud es calificada como 'desconfiada y autoritaria' por los médicos- volvió a justificarse ayer con el mismo comunicado que la semana pasada, y asegurando nuevamente que no pretende coartar las labores sindicales o de control de la asistencia sanitaria.
DERECHOS HUMANOS
Mientras, el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia instó a Núñez, a retirar la orden firmada el pasado 22 de enero y agregó que los derechos y deberes de los trabajadores fuera de su ámbito físico y temporal de trabajo, de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, incluyen la libertad de expresión 'para todas las personas para pronunciarse sobre cuanta cuestión consideren'.
También terció en el conflicto Alternativa Galega de Esquerda, para cuestionar la 'intimidación' del Sergas a los profesionales sanitarios. La diputada Eva Solla calificó de 'intolerable' la medida porque, además, 'vai contra o dereito á liberdade de expresión contido na Constitución'.
