El Colegio de Mediadores de Seguros de Ourense, condenado el pasado mes de febrero en el Juzgado de lo Social 2 de Ourense por el despido improcedente de una empleada, ha sido ahora denunciado, por esta misma persona, en relación a un supuesto impago del salario entre los meses de marzo y septiembre, exceptuando junio, julio y el propio septiembre.
La sentencia que condenó al Colegio de Mediadores por despido improcedente considera probado que la demandante prestó servicios en ésta institución desde 2001 a octubre de 2009, cuando el presidente le dijo que "no quería volver a verla trabajar allí". Varios trabajadores del Colegio, según recoge el fallo judicial, confirmaron "la prestación de servicios" de la empleada, que simultáneamente trabajaba como empleada del hogar de Moure Cibeira.
En relación a la denuncia por impago, el presidente del Colegio de Mediadores niega la deuda y asegura poseer copia de un recibo de pago, a favor de la denunciante, por un importe de 3.000 euros aunque la cantidad abonada es en concepto de coordinación de un curso técnico-administrativo de seguros, financiado en 2001 por la Consellería de familia. El recibo lleva, supuestamente, la firma de la mujer y un número de cuenta que la denunciante, sin embargo, desmiente que le pertenezca.
Moure, que recuerda que la sentencia de lo Social al no ser firme está recurrida, contraataca a las acusaciones y la sentencia judicial diciendo que en pasadas fechas un burofax a la denunciante, con copia al Juzgado de lo Social 2, en el que detalla que pondrá a disposición de la Fiscalía "pruebas de cinco delitos que ha cometido en sus denuncias" en relación con la documentación aportada.
En relación a la denuncia por impago, el presidente del Colegio de Mediadores niega la deuda y asegura poseer copia de un recibo de pago, a favor de la denunciante, por un importe de 3.000 euros aunque la cantidad abonada es en concepto de coordinación de un curso técnico-administrativo de seguros, financiado en 2001 por la Consellería de familia. El recibo lleva, supuestamente, la firma de la mujer y un número de cuenta que la denunciante, sin embargo, desmiente que le pertenezca.
Moure, que recuerda que la sentencia de lo Social al no ser firme está recurrida, contraataca a las acusaciones y la sentencia judicial diciendo que en pasadas fechas un burofax a la denunciante, con copia al Juzgado de lo Social 2, en el que detalla que pondrá a disposición de la Fiscalía "pruebas de cinco delitos que ha cometido en sus denuncias" en relación con la documentación aportada.
