Una mujer, que fue tutora legal de una persona declarada incapaz, a la cual le unía un grado de parentesco, se enfrenta a una pena que supera los cuatro años de prisión, por un delito de apropiación indebida, al que se suma otro por desobediencia, tras apropiarse del dinero de su pensión.
Los hechos se le atribuyen incluso cuando ya no ejercía como tutora, y se le acusa además de no dar información sobre las cuentas a las que iba el dinero, a pesar de que era titular de las mismas.
La acusada se sentó hoy en el banquillo de la Audiencia Provincial de Ourense para declarar por los delitos de apropiación indebida y desobediencia. La mujer era titular de las cuentas en las que se ingresaba el dinero de la pensión.
El Ministerio Fiscal, que inicialmente solicitaba tres años y 7 meses de prisión, por el delito de apropiación indebida y 8 meses de multa, elevó hoy la pena a 4 años y 10 meses, al entender que el delito fue continuado en el tiempo, más otros 7 meses por el delito de desobediencia. La Defensa solicita la libre absolución.
Entre 1993 y 2008, la acusada, M.D.C.R., se apropió de la pensión de la mujer, declarada incapaz, tal y como sostiene el ministerio público en el escrito de calificación, cuya cantidad le era ingresada en dos cuentas corrientes que tenía con sus padres.
La acusación asegura que la imputada continuó percibiendo la prestación durante siete meses cuando ya no estaba facultada para administrar sus bienes, de los cuales se ocupa actualmente un hermano.
Desde las partes acusatorias advierten de que hubo un 'plan preconcebido', con el fin de obtener un provecho económico, aduciendo que la acusada en ningún momento intentó corregir la situación para dejar de percibir la pensión, además de que se negó a dar información sobre sus cuentas, extremo reconocido por la acusada, que alegó que no lo hizo 'por motivos familiares y de salud'.
En total, estiman que habría percibido 6.902 euros correspondientes a dos pensiones de orfandad, protección familiar y la mutualidad, a las que tenía derecho, que no llegó a devolver.
La acusada se enfrenta además a un delito de desobediencia, al negarse a entregar a la incapaz, a pesar de existir varios requerimientos judiciales, con el agravante, según la acusación, de 'abuso de confianza'.
Por su parte, la Defensa ha pedido la libre absolución, tras descartar un presunto delito de apropiación indebida, al subrayar que ella no tenía conocimiento de que seguía percibiendo la pensión en el momento en que le retiraron la custodia.
Descartó, asimismo, la posible validez de los requerimientos, tras señalar que fueron enviados a los procuradores cuando deberían de haberse dirigido a la acusada y haberle avisado de las posibles consecuencias.
La acusada se sentó hoy en el banquillo de la Audiencia Provincial de Ourense para declarar por los delitos de apropiación indebida y desobediencia. La mujer era titular de las cuentas en las que se ingresaba el dinero de la pensión.
El Ministerio Fiscal, que inicialmente solicitaba tres años y 7 meses de prisión, por el delito de apropiación indebida y 8 meses de multa, elevó hoy la pena a 4 años y 10 meses, al entender que el delito fue continuado en el tiempo, más otros 7 meses por el delito de desobediencia. La Defensa solicita la libre absolución.
Entre 1993 y 2008, la acusada, M.D.C.R., se apropió de la pensión de la mujer, declarada incapaz, tal y como sostiene el ministerio público en el escrito de calificación, cuya cantidad le era ingresada en dos cuentas corrientes que tenía con sus padres.
La acusación asegura que la imputada continuó percibiendo la prestación durante siete meses cuando ya no estaba facultada para administrar sus bienes, de los cuales se ocupa actualmente un hermano.
Desde las partes acusatorias advierten de que hubo un 'plan preconcebido', con el fin de obtener un provecho económico, aduciendo que la acusada en ningún momento intentó corregir la situación para dejar de percibir la pensión, además de que se negó a dar información sobre sus cuentas, extremo reconocido por la acusada, que alegó que no lo hizo 'por motivos familiares y de salud'.
En total, estiman que habría percibido 6.902 euros correspondientes a dos pensiones de orfandad, protección familiar y la mutualidad, a las que tenía derecho, que no llegó a devolver.
La acusada se enfrenta además a un delito de desobediencia, al negarse a entregar a la incapaz, a pesar de existir varios requerimientos judiciales, con el agravante, según la acusación, de 'abuso de confianza'.
Por su parte, la Defensa ha pedido la libre absolución, tras descartar un presunto delito de apropiación indebida, al subrayar que ella no tenía conocimiento de que seguía percibiendo la pensión en el momento en que le retiraron la custodia.
Descartó, asimismo, la posible validez de los requerimientos, tras señalar que fueron enviados a los procuradores cuando deberían de haberse dirigido a la acusada y haberle avisado de las posibles consecuencias.
