El grupo municipal del PP en el Concello de Ourense acudió de nuevo a la Subdelegación del Gobierno para impugnar las prórrogas de dos contratos interinos, formalizadas por el gobierno socialista de la ciudad. El PP, precisó ayer el portavoz, Rosendo Fernández, que compareció con todos sus concejales para hacer balance de su gestión en estos dos años y medio en el Consistorio, considera que esas prórrogas suponen un fraude de ley, al entender que vulneran el decreto del Gobierno central de medidas urgentes, que prohíbe llevar a cabo nuevos contratos si no es por razones de urgencia.
Hace ya días que advirtió de posibles irregularidades en la continuación de dos contratos en el área de turismo, al extinguirse la sociedad mixta existente pero, además, el interventor ha dictaminado desfavorablemente las prórrogas, aunque ello no suponga la paralización de las mismas. El técnico advierte que no se tiene en cuenta la legislación aplicable en 2013 en lo referente a la contratación de interinos y, además, dice que las tareas a desarrollar por este personal no responden a una cuestión temporal, sino que 'son intrínsecas a la gestión habitual y propia del servicio de turismo, sin que esté justificada la prórroga de un programa que en nada se diferencia de las actuaciones ordinarias del servicio de turismo y, por lo tanto, deberían ser atendidas mediante personal de plantilla'.
La concejala de Recursos Humanos, Carmen Rodríguez Dacosta, explicó ya recientemente que no se trataba de nuevas contrataciones sino de una prórroga que tenía como finalidad dar continuidad a un programa que fue aprobado en 2010 y que tenía un periodo mínimo de vigencia tres años.
Estas nuevas impugnaciones se añaden a la que presentó el pasado 24 de septiembre el funcionario municipal Javier García Gago, en representación de la CIG, contra la contratación de un servicio de conserjería y otros de naturaleza polivalente para los centros cívicos de la ciudad.
Los juzgados de lo contencioso-administrativo de Ourense ya anularon hasta una docena de contrataciones municipales de personal para diferentes servicios, al considerar que no se justifica la necesidad de las mismas, aunque rechazaba posible desviación de poder.
La concejala de Recursos Humanos, Carmen Rodríguez Dacosta, explicó ya recientemente que no se trataba de nuevas contrataciones sino de una prórroga que tenía como finalidad dar continuidad a un programa que fue aprobado en 2010 y que tenía un periodo mínimo de vigencia tres años.
Estas nuevas impugnaciones se añaden a la que presentó el pasado 24 de septiembre el funcionario municipal Javier García Gago, en representación de la CIG, contra la contratación de un servicio de conserjería y otros de naturaleza polivalente para los centros cívicos de la ciudad.
Los juzgados de lo contencioso-administrativo de Ourense ya anularon hasta una docena de contrataciones municipales de personal para diferentes servicios, al considerar que no se justifica la necesidad de las mismas, aunque rechazaba posible desviación de poder.
