La lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual permitió en 2009 la detención de seis personas en la provincia de Ourense. La Policía advierte que cada vez son más los pisos en los que se ejerce la prostitución.
La lucha contar el tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual permitió a la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía, a lo largo de 2009, la detención en la provincia de Ourense de seis personas: dos por infracción de la Ley de Extranjería y cuatro por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros. Los dos atestados policiales instruidos se desarrollaron en el club de alterne Princesa, en Verín. Según un informe de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, se realizaron tres registros, tanto en el club como en dos domicilios particulares.
El mismo informe revela que parte de las rutas usadas por los traficantes para el transporte de sus víctimas tiene como punto de entrada en la península los aeropuertos gallegos. La presión sobre la prostitución callejera y los clubes de alterne ha empujado a las redes a esconder sus actividades y víctimas en pisos o casas particulares, dificultando tanto la detención como el control administrativo. Las condiciones de trabajo, en este nuevo contexto, son infrahumanas, teniendo que estar disponibles las 24 horas, no pudiendo salir a la calle más de una hora al día y viviendo hacinadas en habitaciones muy pequeñas. De las inspecciones realizadas, se desprende que un alto grado de mujeres identificadas se encuentran en situación regular, porque son comunitarias o porque siendo extranjeras han resuelto su situación en el último proceso de regulación.
Carlos Varela se compromete con las víctimas
La Fiscalía Superior de Galicia, a través del fiscal superior, Carlos Varela, y la Xunta, de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, firmaron un protocolo para reforzar su colaboración y poder proteger a las víctimas de los traficantes y llevar a los delincuentes ante la Justicia, facilitando el permiso de residencia a las mujeres irregulares que colaboren en la erradicación de estas redes. El acuerdo permitirá que se les reconozca una serie de derechos asistenciales como el tratamiento médico urgente y adecuado; asistencia psicológica, seguridad y protección y asistencia jurídica. Carlos Varela señaló que se trata de evitar que las víctimas de las mafias que denuncian no se desdigan en el juicio. Con esta colaboración, pretenden subsanar lagunas, ya que hasta ahora una carencia importante detectada por la Fiscalía pasaba porque algunas víctimas no acudían a testificar en el juzgado para favorecer las pruebas de cargo. El acuerdo busca establecer una hoja de ruta para que los órganos judiciales puedan saber cómo actuar para conseguir la eficacia.
El mismo informe revela que parte de las rutas usadas por los traficantes para el transporte de sus víctimas tiene como punto de entrada en la península los aeropuertos gallegos. La presión sobre la prostitución callejera y los clubes de alterne ha empujado a las redes a esconder sus actividades y víctimas en pisos o casas particulares, dificultando tanto la detención como el control administrativo. Las condiciones de trabajo, en este nuevo contexto, son infrahumanas, teniendo que estar disponibles las 24 horas, no pudiendo salir a la calle más de una hora al día y viviendo hacinadas en habitaciones muy pequeñas. De las inspecciones realizadas, se desprende que un alto grado de mujeres identificadas se encuentran en situación regular, porque son comunitarias o porque siendo extranjeras han resuelto su situación en el último proceso de regulación.
Carlos Varela se compromete con las víctimas
La Fiscalía Superior de Galicia, a través del fiscal superior, Carlos Varela, y la Xunta, de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, firmaron un protocolo para reforzar su colaboración y poder proteger a las víctimas de los traficantes y llevar a los delincuentes ante la Justicia, facilitando el permiso de residencia a las mujeres irregulares que colaboren en la erradicación de estas redes. El acuerdo permitirá que se les reconozca una serie de derechos asistenciales como el tratamiento médico urgente y adecuado; asistencia psicológica, seguridad y protección y asistencia jurídica. Carlos Varela señaló que se trata de evitar que las víctimas de las mafias que denuncian no se desdigan en el juicio. Con esta colaboración, pretenden subsanar lagunas, ya que hasta ahora una carencia importante detectada por la Fiscalía pasaba porque algunas víctimas no acudían a testificar en el juzgado para favorecer las pruebas de cargo. El acuerdo busca establecer una hoja de ruta para que los órganos judiciales puedan saber cómo actuar para conseguir la eficacia.
