Alegan perjuicios por la anulación del Plan Xeral de la ciudad de 2003
La situación urbanística de la ciudad es, sin duda, la más complicada de la provincia. Después de que en 2011 el Tribunal Supremo anulase el Plan Xeral de 2003, el documento que la Xunta aprobó para dar continuidad a algunos de los proyectos -públicos y privados- que estaban en marcha con aquel planeamiento -la ordenación urbanística- se vislumbra ahora "frágil", según la define la propia concejala de Urbanismo, Áurea Soto, que considera que la primera sentencia anulatoria de este documento podrían producirse "a finales de año".
Al margen de la treintena de ámbitos incluidos en esta norma provisional, el resto de la ciudad se rige por un Plan Xeral aprobado hace 28 años, en tanto que la tramitación de un nuevo planeamiento mantiene las licencias suspendidas en un buen número de ámbitos de la ciudad.
Mientras, las reclamaciones patrimoniales millonarias generadas por la anulación del planeamiento se han trasladado ya en buena medida al ámbito judicial, después de que el Concello desestimara todas -a excepción de una- con la resolución del Consello Consultivo. Así, de las 36 reclamaciones presentadas, por un total de 110 millones de euros, 25 han presentado ya sus recursos en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, con una cuantía total de 46,2 millones de euros. El resto todavía está en plazo de poder recurrir a la Justicia para reclamar los perjuicios que pudiera haberle acarreado la anulación del planeamiento aprobado en 2003. Precisamente, la última junta de gobierno nombró al abogado Carlos Hernández el representante del Concello en ocho procedimientos.
Entre los recursos que están ya ante la Justicia se encuentran algunas de las reclamaciones más cuantiosas, como la planteada por Inversiones Mirage por unos terrenos en Barrocás -que roza los 18 millones de euros-. También la única reclamación admitida por el Concello, en relación a unas parcelas en las inmediaciones del Puente Nuevo, está en el Juzgado por desacuerdo con la cantidad, ya que solicitaba 3,5 millones de euros y el Concello le reconoció 2,5 millones.
La inseguridad jurídica que el urbanismo tiene en la ciudad es, junto a la crisis económica, uno de los hándicaps argumentados desde el propio gobierno municipal para que no se desarrollen proyectos que se llevan fraguando durante años en la ciudad, como el centro comercial de Eroski en A Farixa o el Hipercor de la Finca Santamarina.
Para intentar evitar los perjuicios que pudiese suponer la anulación de la ordenación urbanística provisional, la aprobación definitiva de un nuevo Plan Xeral se presenta como casi imprescindible, si bien la oposición -que tendrá que apoyar el documento al estar el gobierno en minoría- ya ha advertido de que el documento no es de su agrado y tendría que haber numerosos cambios para que voten a favor.
