La actividad judicial se enfrenta estos días a la tarea de revisar centenares de sentencias ante la inminente entrada en vigor, a partir de mañana, de la reforma del Código Penal, que implicará una rebaja en la pena de tipos delictivos como son el tráfico de drogas, la seguridad vial o la propiedad industrial e intelectual.
En el caso de Ourense, se calcula que serán cerca de 2.000 sentencias condenatorias las que haya que revisar. Los cambios beneficiarán a centenares de penados, que ya están cumpliendo condena o en vías de hacerlo. Esta circunstancia motivará que la actividad se resienta en ciertos tribunales, como son los dos juzgados de lo Penal de la provincia y en menor medida la sección segunda de la Audiencia.
La actividad a la que se enfrentan los juzgados es, según admiten magistrados y secretarios judiciales, 'ingente', ya que los delitos contra la seguridad vial y el tráfico de drogas son los más comunes. De hecho, señala la magistrada del Juzgado de lo Penal 1, Celia Conde Palomares, 'calculamos que hay que revisar el 75% de las sentencias'. Eso sitúa a su juzgado ante un volumen de trabajo de unos 1.200 dictámenes. Algo parecido ocurrirá en el Penal 2, donde la reforma penal afectará a unos 800 fallos aproximadamente, según señala desde su secretaría.
En la sección penal de la Audiencia 'los cambios legislativos tendrán muchas menos repercusiones', subraya su presidenta, Ana María Blanco Arce, que limita la incidencia a 'algunos sumarios y procedimientos abreviados que hayan sido evaluados en primera instancia por la propia Audiencia', ya que las ejecutorias derivadas de las apelaciones son los juzgados de lo Penal los que las hacen cumplir.
Los casos de revisión más urgente son los de aquellos penados que permanecen en prisión. En este sentido, se prevé que este miércoles queden en libertad al menos seis condenados que están en la cárcel por la comisión de delitos contra la seguridad del tráfico, toda vez que ante la imposibilidad de hacer frente a la multa la sentencia preveía la privación de libertad.
La actividad a la que se enfrentan los juzgados es, según admiten magistrados y secretarios judiciales, 'ingente', ya que los delitos contra la seguridad vial y el tráfico de drogas son los más comunes. De hecho, señala la magistrada del Juzgado de lo Penal 1, Celia Conde Palomares, 'calculamos que hay que revisar el 75% de las sentencias'. Eso sitúa a su juzgado ante un volumen de trabajo de unos 1.200 dictámenes. Algo parecido ocurrirá en el Penal 2, donde la reforma penal afectará a unos 800 fallos aproximadamente, según señala desde su secretaría.
En la sección penal de la Audiencia 'los cambios legislativos tendrán muchas menos repercusiones', subraya su presidenta, Ana María Blanco Arce, que limita la incidencia a 'algunos sumarios y procedimientos abreviados que hayan sido evaluados en primera instancia por la propia Audiencia', ya que las ejecutorias derivadas de las apelaciones son los juzgados de lo Penal los que las hacen cumplir.
Los casos de revisión más urgente son los de aquellos penados que permanecen en prisión. En este sentido, se prevé que este miércoles queden en libertad al menos seis condenados que están en la cárcel por la comisión de delitos contra la seguridad del tráfico, toda vez que ante la imposibilidad de hacer frente a la multa la sentencia preveía la privación de libertad.
