El nuevo planeamiento de Ourense tendrá vigencia para 16 años, a partir del momento en que se apruebe definitivamente. Los ocho primeros serán realmente los del plan en vigor, pero se contemplan otros ocho en activo, mientras se redacta otro documento. Pues bien, el incremento de población previsto en el borrador del PXOM, con base en la evolución de los últimos 10 años, es de 11.567 habitantes más en 16 años. Y así, se contemplará suelo para 19.543 viviendas, 12.675 a construir en el período de vigencia -otra cosa será la coyuntura económica y el comportamiento de la población- y 6.868 más en los otros ocho años siguientes.
El dato no es nuevo y el cálculo, razonable según la concejala de Urbanismo, Aurea Soto, pero ha levantado ampollas en el sector de la construcción, que busca más suelo urbanizable, ahora en las afueras y en el rural, porque en el casco urbano la disponibilidad ya es más limitada.
El sector no se ha pronunciado formalmente pero sí lo han hecho empresarios inmobiliarios y constructores a título individual y todo apunta a que este será uno de los caballos de batalla, si no el mayor, con el que deberá lidiar el gobierno socialista. Prefieren que no exista la restricción al número de viviendas, a la espera de que mejore la economía y vuelva a relanzarse el sector, que dio empleo a miles de personas y sostiene parte de la economía de la ciudad.
Las restricciones a la hora de determinar la previsión de vivienda, y con ello la calificación de suelo que lo permita, se atiene escrupulosamente a la normativa de la Xunta, que supedita cualquier plan de expansión a la garantía de que las nuevas urbanizaciones dispongan de servicios básicos de abastecimiento, saneamiento, accesos y electricidad, lo que no estaba asegurado en el PXOM de 2003. Por eso, la Dirección Xeral de Urbanismo ya marcó parámetros, en Ourense y en otros concellos, que también vieron rebajadas sus perspectivas de crecimiento en aras de adecuarlo a la dotación de infraestructuras básicas.
Pero las discrepancias arrecian a medida que la tramitación avanza y también llega a los grupos políticos. Por ejemplo, Soto defiende esas limitaciones, pero en el PP, la concejala Mónica Mourelo, encargada por su grupo para examinar el documento, teme que una elevada restricción de terreno urbanizable o de número de edificaciones vaya a encarecer el suelo; además, las previsiones, dice, deberán ser holgadas, ya que el planeamiento ha de durar años y, previsiblemente, la coyuntura económica varíe.
El sector no se ha pronunciado formalmente pero sí lo han hecho empresarios inmobiliarios y constructores a título individual y todo apunta a que este será uno de los caballos de batalla, si no el mayor, con el que deberá lidiar el gobierno socialista. Prefieren que no exista la restricción al número de viviendas, a la espera de que mejore la economía y vuelva a relanzarse el sector, que dio empleo a miles de personas y sostiene parte de la economía de la ciudad.
Las restricciones a la hora de determinar la previsión de vivienda, y con ello la calificación de suelo que lo permita, se atiene escrupulosamente a la normativa de la Xunta, que supedita cualquier plan de expansión a la garantía de que las nuevas urbanizaciones dispongan de servicios básicos de abastecimiento, saneamiento, accesos y electricidad, lo que no estaba asegurado en el PXOM de 2003. Por eso, la Dirección Xeral de Urbanismo ya marcó parámetros, en Ourense y en otros concellos, que también vieron rebajadas sus perspectivas de crecimiento en aras de adecuarlo a la dotación de infraestructuras básicas.
Pero las discrepancias arrecian a medida que la tramitación avanza y también llega a los grupos políticos. Por ejemplo, Soto defiende esas limitaciones, pero en el PP, la concejala Mónica Mourelo, encargada por su grupo para examinar el documento, teme que una elevada restricción de terreno urbanizable o de número de edificaciones vaya a encarecer el suelo; además, las previsiones, dice, deberán ser holgadas, ya que el planeamiento ha de durar años y, previsiblemente, la coyuntura económica varíe.
